domingo, 10 de febrero de 2013

Segundas Pinceladas: América Latina y el derecho a decidir. El caso de El Salvador.


Por Angie Larenas

En América Latina hay cinco países en los que existe una prohibición absoluta a la interrupción del embarazo: Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. De estos cinco países es en El Salvador donde se dan las peores condiciones para las mujeres que se encuentran bajo la sospecha de una interrupción.

Hace casi un año la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, en representación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, en alianza con el Centro de Derechos Reproductivos, demandó al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el caso de una mujer acusada de homicidio y condenada a 30 años de prisión.

La mujer, de nombre Manuela, acudió a un hospital a causa de una hemorragia vaginal. Los médicos la trataron como si se hubiese provocado un aborto e inmediatamente la denunciaron a la policía. Estando en prisión se supo que desde hacía varios años sufría un cáncer linfático, el que provocó la hemorragia vaginal y más tarde su muerte.

La Colectiva de Mujeres alegó que por prohibirse de manera absoluta la interrupción del embarazo de Manuela se vulneraron sus derechos a:

                     La vida.
                     La integridad personal.
                     La libertad.
                     Su derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes. 
                     Su derecho a un juicio justo y a protección judicial. 
                     Su derecho a la igualdad y a no ser discriminada. 
                     Su derecho a no ser violentada sobre la base de estereotipos de género. 
                     Su derecho a que el personal médico respetara el secreto profesional.

Organizaciones feministas salvadoreñas vienen denunciando desde hace algunos años que las urgencias de los hospitales públicos se han convertido en parte del camino a la prisión para las mujeres bajo sospecha de haber interrumpido un embarazo. Sobre todo porque existe una liviandad para trastocar la sospecha en culpabilidad.

En este punto se conjugan factores que empeoran la situación en que las mujeres se enfrentan a la justicia: los prejuicios de clase, los prejuicios raciales y los prejuicios de género. La conjugación de estas tres dimensiones es un elemento más de la violencia estructural que pervive en las sociedades modernas y que incide diferenciadamente en dependencia de si eres hombre o mujer.

El caso de Manuela representa el caso de una mujer que hubiera podido vivir si hubiese tenido las garantías dentro de un marco de desarrollo humano que ofreciese más y mejores oportunidades a las personas. Su caso ilustra, además, un elemento clave en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres: la importancia y la necesidad de que reconozcamos y defendamos nuestros cuerpos como espacios de poder, como territorios. De ahí la importancia del derecho a decidir.
  
Para más información sobre el derecho a decidir en América Latina:

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