Por
Angie Larenas
En América Latina hay cinco países en los que existe una
prohibición absoluta a la interrupción del embarazo: Chile, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y República Dominicana. De estos cinco países es en El
Salvador donde se dan las peores condiciones para las mujeres que se encuentran
bajo la sospecha de una interrupción.
Hace casi un año la Colectiva
de Mujeres para el Desarrollo Local, en
representación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
Terapéutico, Ético y Eugenésico, en alianza con el Centro de Derechos
Reproductivos, demandó al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), por el caso de una mujer acusada de homicidio y
condenada a 30 años de prisión.
La mujer, de nombre Manuela, acudió a un hospital a causa de
una hemorragia vaginal. Los médicos la trataron como si se hubiese provocado un
aborto e inmediatamente la denunciaron a la policía. Estando en prisión se supo
que desde hacía varios años sufría un cáncer linfático, el que provocó la
hemorragia vaginal y más tarde su muerte.
La Colectiva de Mujeres alegó que por prohibirse de manera
absoluta la interrupción del embarazo de Manuela se vulneraron sus derechos a:
•
La vida.
•
La integridad personal.
•
La libertad.
•
Su derecho a estar libre de tratos crueles,
inhumanos y degradantes.
•
Su derecho a un juicio justo y a protección
judicial.
•
Su derecho a la igualdad y a no ser
discriminada.
•
Su derecho a no ser violentada sobre la base de
estereotipos de género.
•
Su derecho a que el personal médico respetara el
secreto profesional.
Organizaciones feministas salvadoreñas vienen denunciando
desde hace algunos años que las urgencias de los hospitales públicos se han
convertido en parte del camino a la prisión para las mujeres bajo sospecha de
haber interrumpido un embarazo. Sobre todo porque existe una liviandad para
trastocar la sospecha en culpabilidad.
En este punto se conjugan factores que empeoran la situación
en que las mujeres se enfrentan a la justicia: los prejuicios de clase, los
prejuicios raciales y los prejuicios de género. La conjugación de estas tres
dimensiones es un elemento más de la violencia estructural que pervive en las
sociedades modernas y que incide diferenciadamente en dependencia de si eres
hombre o mujer.
El caso de Manuela representa el caso de una mujer que
hubiera podido vivir si hubiese tenido las garantías dentro de un marco de
desarrollo humano que ofreciese más y mejores oportunidades a las personas. Su
caso ilustra, además, un elemento clave en la lucha por la igualdad entre
mujeres y hombres: la importancia y la necesidad de que reconozcamos y
defendamos nuestros cuerpos como espacios de poder, como territorios. De ahí la
importancia del derecho a decidir.
Para más información sobre el derecho a decidir en América
Latina:
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