domingo, 30 de junio de 2013

¿Qué son las amenazas a la seguridad?

Por Angie Larenas

En Estudios Internacionales el debate sobre la seguridad, que veíamos en entradas anteriores, se enlaza con la discusión sobre las amenazas a la seguridad.

Tradicionalmente se consideraba que las amenazas a la seguridad provenían de cuestiones tales como la proliferación de armas de destrucción masiva y los conflictos entre Estados (que podían desembocar en guerras). Sin embargo, luego del fin de la Guerra Fría comienzan a tratarse como amenazas todo un abanico de problemas globales de índole económica, política y social.

Se trata de un amplio rango de factores. Algunos medibles, como la insuficiencia de ingresos, el desempleo crónico, la falta de acceso a la salud y a la educación. Otros más subjetivos, como la sensación de ser incapaz de controlar nuestro propio destino (especialmente en contextos de guerra), el sentimiento de indignidad, el miedo al crimen o a los conflictos violentos. (Tadjbakhsh, 2005: 29-30):

Desde la década de 1990 se ha producido un cambio en la manera en que las fuentes de inseguridad impactan sobre el mundo. Nos encontramos más interconectados, las amenazas se transnacionalizan, utilizan los mecanismos de la globalización para expandirse, y estos elementos, entre otros fenómenos y procesos, provocan que problemas de seguridad que antes podían circunscribirse a un país o a una región, hayan ampliado su campo de acción.

Aunque con estas líneas pudiera parecer fácil definir qué es una amenaza a la seguridad, este es un tema tremendamente complicado. Algunos especialistas se decantan por establecer una especie de catálogo de amenazas donde unas tienen mayor peso que otras. Por ejemplo, la violencia física sobre la dignidad humana, la falta de ingresos sobre la ruptura de las comunidades.

Sin embargo, las amenazas físicas son muy restringidas para explicar la problemática de la seguridad. Sobre todo porque no debemos pensar que las personas nos sentimos seguras solo cuando controlamos aquellos fenómenos objetivos (tangibles-medibles) como los que mencionábamos antes. De este modo, se perderían elementos importantes para el bienestar humano, como la posibilidad de reproducir nuestra identidad y nuestras relaciones sociales en un entorno de confianza.

Sobre este tema Roe (2008: 82) propone algo que no es habitual tener en cuenta cuando se debate sobre las amenazas a la seguridad: la importancia de las relaciones sociales. Este autor remarca que los límites de las amenazas están determinados por las seguridades e inseguridades de las relaciones sociales. Es decir, por cómo la interacción humana es capaz de producir tanto peligros como seguridades para las propias personas y para sus comunidades.

En resumen, desde esta perspectiva la seguridad es una propiedad del mundo social y las amenazas a la seguridad son aquellas que desafían la confianza en nuestras capacidades de entender, monitorear y manejar las relaciones sociales en nuestra vida diaria. Se trata de de ser capaces de controlar nuestro entorno. Algo que en situaciones de crisis (como la actual en el Estado español) o en contextos de conflictos armados es mucho más difícil de lograr.


Para profundizar:

McSWEENEY, BILL (1999): Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge, Cambridge University Press.

ROE, PAUL (2008): “The ‘value’ of positive security”, nº 34, pp. 777-794.

TADJBAKHSH, SHAHRBANOU (2005): Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan, Les Études du CERI, Working Paper, n° 117-118.

domingo, 23 de junio de 2013

Segundo “ismo”: el sexismo en las instituciones educativas

Por Nerea Azkona

El sexismo es un mecanismo de poder que ejerce un colectivo humano sobre otro por razón de su sexo. Victoria Sau en su obra Diccionario Ideológico Feminista de 2002 lo define como el conjunto de métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, subordinación y explotación al sexo femenino.

Esta discriminación por razón de sexo abarca todos los ámbitos de la vida, y de forma muy concreta el educativo, esfera en la que se reproducen y enseñan roles de género y donde muchas discriminaciones están institucionalizadas (las sexistas y las racistas, por ejemplo).

Reflexionemos sobre algunos datos en el Estado español:

1. Los cargos de responsabilidad, representativos y de decisión en manos de mujeres.

La enseñanza es uno de los sectores más feminizados. A pesar de que la proporción de alumnas va aumentando, sobre todo en el ámbito universitario, la cantidad de profesoras disminuye en los ciclos superiores y en los cargos jerárquicos mejor remunerados.

a. Cuanto más alto es el nivel educativo (estudios secundarios y universitarios); menor proporción de presencia femenina en los puestos de dirección (directoras, rectoras, decanas,…)

En Educación Infantil y Primaria, la que abarca desde los 3 a los 12 años, las mujeres representan el 77% del profesorado, pero sólo el 45% de ellas son directoras de los centros educativos. En secundaria (Educación Secundaria Obligatoria (ESO) más Bachiller), el 53% de la plantilla son mujeres, pero sólo hay un 25% de directoras.

Del mismo modo, observamos que las Inspectoras Educativas, no llegan al 25%. Además, el Consejo Escolar del Estado sólo cuenta con un tercio de mujeres entre sus miembros.

En la Universidad las mujeres son el 54% del alumnado; sin embargo, sólo representan el 35% del personal docente y tan sólo el 13,8% son catedráticas.

b. La representación de las mujeres en los equipos de dirección no es proporcional a su presencia como docentes en todos los niveles educativos.

Los hombres estaban en 2004, en mayor medida, al frente de la dirección de los centros, de la jefatura de estudios y de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Como dato curioso hasta hace muy poco esta asociación, a pesar de la participación residual de los padres, se llamaba APA (Asociación de Padres de Alumnos). Hace algunos años que se incorporó en el nombre el colectivo que ha llevado esta asociación durante mucho tiempo a pesar de no estar en la dirección en multitud de casos.

2. El estudio de carreras vinculadas al ámbito de la reproducción y del cuidado.

Según los datos de la Estadística de la Enseñanza Universitaria en España, del INE, durante el curso 2010/2011 se matricularon 1.455.885 de alumnos/as en estudios universitarios de grado y de primer y segundo ciclo, lo que supuso un 3,1% más que en el curso anterior. De esta cifra, 785.157 eran mujeres, lo que representó el 53,9% del total.

Del mismo modo, un total de 220.583 alumnos/as completaron sus estudios universitarios en 2011, de los cuales, el 58,6% eran mujeres.

Tradicionalmente las jóvenes han optado (¿libremente?) por estudios relacionados con profesiones consideradas femeninas. En este sentido:

- Existe una mayor presencia de mujeres en la Formación Profesional (FP) de las ramas administrativa, sanitaria, asistencia a personas dependientes, turismo, peluquería…

- La proporción de mujeres en estudios superiores universitarios como Magisterio, Enfermería, Trabajo Social, Medicina… es mayor que en carreras técnicas.

Ante esto, nos podemos preguntar:

- ¿Existe una relación entre la orientación y la motivación que han recibido las mujeres en las escuelas o se han tenido en cuenta, exclusivamente, sus capacidades a la hora de orientarse hacia estas profesiones?

- ¿Podrían las niñas, adolescentes y jóvenes estar siendo condicionadas por otros elementos como los roles de género y los estereotipos?

3. La brecha salarial de género y su relación con el nivel de estudios.

La brecha salarial de género se define como la diferencia relativa que existe en la media de los ingresos brutos por hora, de mujeres y hombres, en todos los sectores de la economía. Por término medio, las mujeres de toda Europa ganan alrededor de un 17% menos que los hombres. En el Estado español el dato se eleva a un 22%.

Si relacionamos la brecha salarial de género con la variable nivel de estudios, se pone de manifiesto que la diferencia salarial aumenta conforme la preparación de la empleada es mayor.

Así, mientras el porcentaje de la diferencia en personas sin estudios o con educación secundaria es del 17,7% y del 25,3%, respectivamente, esta cifra es mayor en el caso de personas con una titulación de formación profesional de grado superior (26,7%) o con licenciatura universitaria o doctorado (30,3%).

Como se dice por estos lares: ¡Jódete y baila!

Para saber más:



Las Mujeres en el Sistema Educativo II. IFIIE e Instituto de la Mujer. 2009.

Estadística de la Enseñanza Universitaria en España del Instituto Nacional de Estadística (INE)


lunes, 17 de junio de 2013

Sextas pinceladas: La lucha de las mujeres por la defensa de sus recursos en Barillas, Guatemala.



Por Angie Larenas

Uno de los efectos de la implantación de empresas transnacionales (ETN) es la impunidad con la que operan en aquellos territorios en los que se establecen. Bajo el amparo de “la ley del más fuerte” y con el apoyo de quienes detentan el poder, interrumpen el decursar de la vida de las comunidades con importantes consecuencias para sus pobladoras/es.

Hidralia Energía (Hidro Santa Cruz en Guatemala) es una empresa española que planea construir una hidroeléctrica en el municipio de Santa Cruz Barillas, en Huehuetenango, Guatemala. Desde el comienzo de la implantación, en 2007, la ETN se topó con el rechazo de las comunidades de la zona, que vieron cómo la planificación de la hidroeléctrica impactaría negativamente sobre su subsistencia, sus recursos naturales y culturales.

Desde esa fecha se ha producido un aumento de la conflictividad en la región debido a la tensión entre la ETN y las comunidades. La empresa ha recibido la protección de las autoridades. En 2012 el gobierno central de Guatemala declaró el estado de sitio en la localidad, con la consecuente militarización de la zona. Se ha criminalizado, perseguido, encarcelado e incluso asesinado a líderes indígenas.

Fuente: Foto de Simone Dalmasso. Tomada de http://www.plazapublica.com.gt


En este contexto de represión los derechos de las mujeres que se resisten a la ocupación de su territorio por parte de la ETN se ven sistemáticamente vulnerados. Solo por ejemplificar menciono cuatro:

- Derecho a elegir: la libertad de elegir si aceptan o no la implantación de una hidroeléctrica se ha visto coartada ante la negativa del gobierno central de dar marcha atrás a la planificación de la central, y ante la negativa de la empresa de retirarse, a pesar de la resistencia de la población.

- Derecho a una vida digna: vivir en equilibrio con la naturaleza es parte del derecho de estas comunidades a vivir dignamente. La sustracción de sus recursos limita su acceso al bienestar, lo que redunda doblemente sobre los hombros de las mujeres, que se encargan tanto de labores productivas como de las reproductivas.

- Derecho a una cultura propia: el gobierno central guatemalteco vulnera el derecho de estas mujeres a defender su identidad y a vivir libres de discriminación por razones de origen, color de la piel, lengua, etc. Al establecer el estado de sitio, militarizar la zona, y proteger los intereses de la ETN por encima de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, lo que hace es demostrar su desinterés sobre el modo de vida de las comunidades a las que se están usurpando sus recursos. 

- Derecho a una vida libre de violencia: el gobierno central guatemalteco ha procedido a la persecución, criminalización y agresión de aquellas líderes que encabezan la resistencia a la implantación del plan hidroeléctrico. Se han producido agresiones físicas, verbales y sexuales por parte de los militares y cuerpos de seguridad de la empresa hacia estas mujeres y su entorno. Se las incluye en listas negras, y se hostiga a sus familias.

La historia de Hidralia Energía en Barillas es solo una historia más entre otras tantas que demuestra la vulneración de derechos humanos relacionados con las ETN. Pero los ejemplos son numerosos, desde las condiciones de trabajo en las empresas textiles donde la mayoría de la mano de obra es femenina, precaria y semiesclava (sí, de esa ropa que compramos y usamos), hasta la privatización de servicios públicos que incide directamente sobre la carga de trabajo de las mujeres. En todos estos casos las condiciones que genera la implantación de las ETN sobre las regiones donde se asientan son un ejemplo del predominio del valor del dinero sobre el valor de las personas.


Nota: Un testimonio de la lucha de las mujeres por sus recursos en Barillas, Huhuetenango, fue expuesto por Hermelinda Simón en el Tribunal de Derechos de las Mujeres en Bilbao, el pasado 8 de junio.

Para mayor información ver:

Derechos humanos de las mujeres en Guatemala
El proyecto de una firma gallega desata unacruenta represión en Guatemala
Homicidios y secuestros en protestas contra laempresa española Hidralia en Guatemala 
Multinacionales, impactos y desigualdades degénero
Observatorio de Multinacionales en América Latina

domingo, 9 de junio de 2013

El derecho a migrar y el derecho al desarrollo: dos caras de la misma moneda

Por Nerea Azkona

Tradicionalmente ha habido muchos académicos que han reflexionado sobre la relación entre la migración y el desarrollo como un “binomio”, una relación exclusivamente a dos bandas. Por una parte, el derecho individual a la movilidad o a migrar. Y, por la otra, el derecho colectivo al desarrollo o, visto de otra manera, el derecho a no migrar.

Sin embargo, en la actualidad voces de la academia están dejando ver que se necesitan otros indicadores para estudiar dicha relación y así desmitificarla, como son los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía o la participación. Éstas son variables clave en este vínculo, que pueden romper el círculo vicioso que encierra la migración y el desarrollo.

Hoy vamos a hacer una reflexión sobre el vínculo migración-desarrollo desde los derechos humanos, los cuales deberían vertebrar dicho nexo. ¿Y por qué? Porque en diferentes Declaraciones se han firmado tanto el derecho a migrar (Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948) como el derecho a no migar, que es la otra cara del Derecho al Desarrollo de los Pueblos (Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 41/128 del 4 de diciembre de 1986).

Dentro de las Declaraciones y Pactos Internacionales que regulan los derechos humanos desde el derecho internacional, queremos detenernos en dos referencias que pertenecen a “generaciones” distintas:

  • Por un lado, los Artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dentro de los derechos de primera generación.
  • Y por el otro, la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986, dentro de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, denominada Carta de Banjul y promotora de los derechos de tercera generación.

La Carta de Banjul es un instrumento internacional cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos y libertades básicas en el continente africano. Fue aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi (Kenya), y entró en vigor el 21 de octubre de 1986.

Ambos derechos, en principio, son diferentes en esencia, ya que los de primera generación son individuales y responden a la premisa de “Libertad” de la Revolución Francesa (1789), mientras que los de tercera generación son colectivos y responden a la de “Fraternidad”, actualmente denominada “Solidaridad”, de dicha Revolución. Sin embargo, los derechos de tercera generación, y en concreto el derecho al desarrollo, constan de distintas dimensiones; entre ellas, la sostenibilidad, la de género y también la individual.

El derecho a migrar viene detallado en al Apartado 2 del Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza que:

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

Este derecho podemos encontrarlo en el Artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor en 1976.

El derecho al desarrollo, por su parte, también ha gozado de un cierto reconocimiento jurídico internacional, pasando a formar parte de la agenda política de las NN.UU. La Comisión de Derechos Humanos ha reconocido en distintas resoluciones el derecho al desarrollo como un derecho humano. En 1981 dicha Comisión creó un Grupo de Trabajo de Expertos Gubernamentales para que trabajase sobre la redacción de un proyecto de Declaración al respecto. La misma, principal instrumento jurídico en materia de desarrollo, obtuvo el voto favorable de 146 Estados. Aún así, sigue siendo un tema de debate el grado de normatividad jurídico-internacional que ha alcanzado como derecho humano.

En el primer Artículo de dicha Declaración, se define al derecho al desarrollo como:

un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir y a disfrutar de él”.

Nos gustaría destacar, asimismo, dos dimensiones de este derecho:

Por un lado, la dimensión individual que queda definida en el Artículo 2, y que dice que “toda persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”.

Y por el otro, un elemento esencial que es el deber de los Estados de llevar a cabo una cooperación para el desarrollo. En el Artículo 3.3 se plasma que:

Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo. Los Estados deben realizar sus derechos y sus deberes de modo que promuevan un nuevo orden económico internacional basado en la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados, y que fomenten la observancia y el disfrute de los derechos humanos”.

Es decir, todas las personas tienen derecho a migrar y a no migrar, que sería la otra cara del derecho al desarrollo. Además, los países tienen la obligación de respetar los derechos humanos en sus actuaciones, así como la de cooperar para que el derecho al desarrollo sea posible.

Más información en:

Véase vocablo “Derecho al desarrollo” elaborado por GÓMEZ ISA, F. en Pérez Alonso de Armiño, K., Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 2000. Bilbao: Icaria y Hegoa.

domingo, 2 de junio de 2013

Aparato militar y construcción del Estado


Por Angie Larenas

Hace unas semanas Artur Mas anunciaba que una vez Catalunya sea independiente se podría pedir la protección del Ejército francés. He escuchado a más de un periodista y político poner el grito en el cielo porque a Artur Mas no se le ha ocurrido la planificación de un Ejército propio en su propuesta de una Catalunya independiente.

El presidente de Haití, Martelly, pretendía favorecer a la antigua élite militar con la reorganización del Ejército haitiano en un país que no puede ni sostenerse en pie.

También he escuchado a un importante cientista político -y también activista político- decir que para construir un Estado hay que fortalecer el aparato militar.

¿Pero de dónde viene esta percepción sobre la necesidad de militarización? 

Existe una visión sobre la seguridad que ha logrado imponerse como pensamiento único en el ejercicio político internacional: el realismo político. Este tiene la visión de que los Estados forman un sistema anárquico donde las luchas por el poder son constantes y naturales. 

En ese sistema anárquico los Estados necesitan asegurar su condición como tales, su soberanía, y su situación de poder. Lo hacen a través de la política, de la economía, de la cultura, pero también mediante el uso de la fuerza o de la demostración de su fuerza potencial. Es decir, a través de la construcción de un aparato militar lo suficientemente sólido como para disuadir a sus “enemigos” de un ataque.

La nuclearización es el ejemplo más claro y extremo a la vez. Se dice que en la actualidad hay 8 países que poseen bombas atómicas (mucho más potentes que las que lanzó EEUU a Japón en 1945): EEUU, China, Rusia, Francia, Reino Unido, Israel, Pakistán e India. Pero el solo hecho de deslizar el interés por construir una bomba atómica (como Irán) o de declarar que se tiene aunque nadie puede asegurar que sea cierto (como Corea del Norte) es un elemento de disuasión tan potente como para mantener al mundo en ascuas durante varios telediarios.

La cuestión es que la construcción de un aparato militar se percibe como una necesidad para controlar las fronteras, para mantener la soberanía, para construir alianzas. En el fondo, para “mantener al enemigo a raya”. Y cuando el “enemigo” no está en la frontera exterior, sino en la interna, se utiliza esa fuerza para reprimir a quienes osan rebelarse y, como daño colateral, a la propia población civil. Es lo que ocurre en Siria.

¿Esto tiene que ser así? Pues no. Así nos lo han contado y así ha venido ocurriendo. Es cierto que no conocemos otra realidad. Por lo tanto, hay que construirla; y construirla pasa por desmontar la visión cerrada y esencialista de la relación entre los Estados.

Primero, en este supuesto sistema internacional anárquico, más que anarquía lo que existen son relaciones jerárquicas de poder, donde unos mandan y otros obedecen, donde unos controlan y otros son controlados. Esa correlación de fuerzas es dinámica. De hecho, hace 30 años existían dos superpotencias que llevaron la carrera armamentística hasta su máxima expresión, pero una de las dos, la URSS, resultó no ser tan potente y desapareció.

Segundo, esa jerarquía no es natural, ha sido construida por las personas a través de la historia. Por lo tanto, decir que la militarización es condición para la construcción y el mantenimiento de un Estado no es necesariamente cierto. Ahí están Japón y Costa Rica sin aparato militar. Somos las propias personas quienes hemos convertido a los Ejércitos en una necesidad. 

Tercero, en el mundo actual son cada vez más escasas las guerras entre Estados y sí más probables los conflictos armados dentro de un propio Estado. Entonces ¿para qué mantener un aparato militar si son pocas las posibilidades de ir a la guerra con un país vecino? Dentro del dinamismo mundial el rol de los Ejércitos ha ido cambiando. 

Se dice que la propia OTAN, que surgió como muro de contención ante las demostraciones de fuerza de la URSS, perdió su razón de ser cuando cayó el bloque socialista. Sin embargo, logró persistir gracias a su injerencia en asuntos humanitarios. La imagen del militar ayudando en guerras y catástrofes “naturales” ha sido como un lavado de cara para el mundo militar post-Guerra Fría y lo ha ayudado a justificar su mantenimiento.

Con estas líneas lo que pretendo es argumentar que lo que parece ser no necesariamente es, que podemos dudar de lo que nos cuentan, que lo que sucede no es fruto de la naturaleza humana: somos así, pero podemos ser de otra forma. La inversión en la industria militar tiene un costo en vidas humanas, el gasto público militar es no-gasto en otras áreas de la sociedad, el comercio de armas es el (des)control sobre las armas… y así podríamos continuar con un largo etcétera.
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