domingo, 30 de marzo de 2014

La cooperación al desarrollo española y la Ayuda Oficial al Desarrollo: ¿Desmantelamiento de la política?

Por Nerea Azkona

El mes pasado publicamos un post sobre la Ley deExtranjería española deteniéndonos en las numerosas modificaciones que ha sufrido en un breve periodo de tiempo.

Como la Serie Sinergias trata sobre el vínculo entre la migración y el desarrollo, la entrada de hoy está dedicada al sistema de cooperación del Estado español.

No hay que perder de vista que no fue hasta el año 1991 en el que el Estado español se incorporó al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Este hecho fue el que le consolidó como país donante dentro del sistema internacional de cooperación.

Seis años antes, en 1985, fue aprobada una nueva estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que supuso la creación de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Este fue el primer paso español en relación a la cooperación.

El Real Decreto 1527/1988, de 11 de noviembre, reestructuró la SECIPI, y creó la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a la cual se le encomienda propiciar el desarrollo económico y el progreso social, cultural, institucional y político de los Países en Vías de Desarrollo y, en especial, de los de Iberoamérica, así como favorecer el estrechamiento de los lazos de entendimiento y cooperación entre los países desarrollados, especialmente de los integrados en las Comunidades Europeas. La Agencia tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión y funcional.

En 1996, se reestructuró la Agencia y en 2008 pasó a denominarse de forma oficial Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En julio de 1998, se adoptó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), lo que implicó un salto significativo en la política de cooperación que había ido adquiriendo un peso cada vez mayor en el conjunto de la política exterior española. A diferencia de la Ley de Extranjería, esta otra no ha sufrido cambios a lo largo del tiempo y tiene competencias cedidas a las Comunidades Autónomas.

“La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional” (Artículo 1).

La LCID otorga a la lucha contra la pobreza el rango de objetivo último al que se debe encaminar la AOD. No obstante, como dice Alonso: “Cualquier análisis que se realice sobre la ayuda española revela el limitado papel que ese objetivo tiene en la orientación efectiva de sus acciones”.

Después de siete años consecutivos de incrementos, en el 2009 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española experimentó su primer descenso en los desembolsos. Así pues, en 2009 se ejecutaron 283 millones menos y en 2010 la cooperación disminuyó otros 667 millones.

El sector de la cooperación al desarrollo experimentó otro duro golpe en 2012, cuando el presupuesto cayó un 40% respecto a lo que inicialmente se había establecido, descendiendo de un 0,51% de PIB a un 0,23%.

Es decir, en cuatro años el presupuesto para cooperación ha bajado un 70%. Por desgracia, y con los presupuestos generales en la mano podemos decir que la tendencia no sólo se mantiene sino que se incrementa. Concretamente, el Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo en su conjunto ha visto reducido un 10% su presupuesto con respecto al 2012. Sin embargo, mientras que el cómputo destinado a la acción exterior del Estado aumenta en casi 3 millones de euros; la cooperación al desarrollo es el sector que más se ha visto recortado, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2011 el Gobierno español ya realizó un recorte del 46,7%.

Estos datos auguran el desmantelamiento de la cooperación al desarrollo española la cual llevaba tres décadas consolidándose. Esta realidad es catastrófica para una política pública que aún no cuenta con la suficiente fuerza comparada con otros sectores. De hecho, los datos del CAD confirman nuestras peores previsiones. Con un 0,15% de la Renta Nacional Bruta destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo podemos hablar de desmantelamiento real de la cooperación.

Referencias:

ALONSO, J.A., 2003. “Coherencia de políticas y ayuda al desarrollo: el caso español”, en ALONSO, J.A. y FITZGERALD, V. (ed.), Financiación del desarrollo y coherencia en las políticas de los donantes. Madrid: Catarata e Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), pp. 235-266.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 2012. PresupuestosGenerales de Estado.

COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO ESPAÑA,  2013. Indignación ante el desmantelamiento de lapolítica de cooperación para el desarrollo.


domingo, 23 de marzo de 2014

¿Qué te piden? Una escama de dragón, un cuerno de unicornio y un posdoc*

Por Nerea Azkona

A pesar del título de la entrada de esta semana, estas letras pertenecen a la Serie Cosas del Gremio del blog, la cual está destinada a temas relacionados con la investigación.

A lo largo de mi vida varias personas me han intentado explicar con teorías muy distintas (lógicas e irracionales) la relación que existe entre el tocino y la velocidad. Bien. De la misma manera me gustaría explicar el vínculo (el cual veo claro clarísimo) que existe entre las escamas de dragón, los cuernos de unicornio y la vida laboral del personal investigador (tanto de los trabajadores remunerados como de los que estamos en el paro sin parar de producir ponencias, artículos, conferencias y seminarios sin retribución económica. Algo así como: “todo sea por el curriculum”).

Hace algunas semanas ojeé en varios periódicos dos noticias. ¿Cómo diría yo?, las definiré como impactantes.

La primera la leí un jueves y decía que Patxi López (ex lehendakari del Gobierno vasco) había sido invitado a dar una clase en una universidad. Ahí se me encendió el piloto, ese que te dice que no sigas leyendo y te quedes en el titular, porque si no vas a tener que bajar a un bar a por un cubata de ron para pasar lo que queda de día. Aún así, leí la noticia. Bueno. Era sólo una clase y fue sin cobrar. En fin. El hombre no tiene estudios universitarios, pero bueno: no hay contrato, no hay alarma.

Sin embargo, el día siguiente leí en los mismos periódicos que habían contratado a El Juli, torero español, en varias universidades para dar dos asignaturas: una de cultura taurina; y otra de técnicas de motivación para el alumnado. Me quedé anonadada.

La verdad es que esta noticia ha traído cola y muchas personas han escrito cartas, entradas y twits sobre el tema. Yo no quiero cargar ni contra El Juli ni contra sus contratadores. Al final, me da igual. Lo que quiero visibilizar es el número y la especificidad de los requisitos que se nos exigen al resto de las personas para acceder a un trabajo en una universidad tanto de docente como de investigador.

Enumero unos pocos. Más o menos los que coinciden con casi todas las áreas y temáticas: nivel de estudios de doctorado, nivel de inglés de proficiency, en el País Vasco nivel de euskera de EGA, ponencias en congresos nacionales e internacionales (pagados de tu bolsillo, obvio), artículos publicados en revistas indexadas (mejor en inglés, claro), libros, capítulos de libros, experiencia docente demostrable (que claro, muchas veces hemos dado clases de estraperlo y no tenemos certificado que lo demuestre), experiencia investigadora en proyectos europeos e internacionales (¿hola?), estar acreditado por una agencia de calidad y un postdoctorado en un país anglosajón (:O).

Vamos a ver. No sólo apenas hay ofertas de empleo en este ámbito, sino que cuando sale una piden un perfil para una persona que lleve trabajando en él al menos 15 años.

Pero claro, si eres un político o un torero pues todo resulta más fácil, ¿no? Tenemos una “diáspora investigadora” grandísima, por no llamarlo exilio de cerebros, y el grado de desesperanza dentro del gremio es desolador. Este tipo de noticias no hacen más que ratificar el hecho de que la huída a otro país es la única alternativa posible si queremos continuar con nuestras carreras, la cuales han sido truncadas antes de empezarlas. Yo, por ejemplo, me fui al paro el mismo mes que defendí mi tesis. Super lógico, vamos.

En mi caso, para cubrir todos los requisitos que se me exigen para acceder a uno de estos puestos tendría que invertir al menos dos años de mi vida en trabajar gratis publicando y yendo a congresos, además de sacándome títulos de idiomas. El tema de la experiencia docente o con proyectos europeos ya es otro cantar.

Pero, ¿quién puede hacer esto: dedicar dos años a mejorar el curriculum sin empleo? Los investigadores necesitamos también pagar las hipotecas y los alquileres y hay pocas posibilidades de reinventarnos en algún otro sector (puestos de trabajo técnicos o especializados) que no sean puestos de trabajo no cualificados. De este modo, todo el dinero que han invertido las Administraciones en nuestra formación se pierde por las cañerías del sistema, obstruidas de materia gris desperdiciada.

Creo que es más fácil que me entrene para convertirme en elfa guerrera de la Tierra Media (lo de torera no me va nada) a que me siga presentando a puestos con requisitos inalcanzables para jóvenes investigadores sin recursos.



* Gracias a Arantza por la idea del título.

lunes, 3 de marzo de 2014

La (re)apertura de viejas rutas migratorias de África hacia Europa: ¿casualidad o causalidad?

Por Nerea Azkona

Por desgracia los acontecimientos que estamos viviendo en la frontera entre África y Europa (en este caso en la del Estado español; en otros, en la del italiano) ya han sucedido antes. Parece que estamos condenados a ver repetidas las mismas imágenes cada cierto tiempo. 

Y todo es igual: las personas que intentan cruzar la frontera y sus muertes, la brutalidad policial, el sensacionalismo por parte de los medios y las declaraciones cínicas de ciertos políticos. 

Y todo sigue igual: mientras los Estados juegan al Juego de Tronos con acuerdos y tratados de oficina, hay personas que mueren.

¿Casualidad o causalidad? Estos mortíferos “Días de la Marmota” que vivimos en las fronteras españolas son causa y consecuencia de tratados, convenios y acuerdos que se toman en despachos y que sufre la ciudadanía, en este caso la africana.

Hagamos memoria. 

Hace unos años las relaciones oficiales entre el Estado español y algunos países de África Occidental se reforzó en materia de cooperación al desarrollo. Durante 2006, 2007 y 2008 se llevó a cabo el I Plan África, marco de acción, gracias a su Objetivo 3, de seis acuerdos “únicos en su especie” llamados acuerdos de nueva generación, acuerdos de segunda generación o acuerdos marco de cooperación en materia migratoria.

Estas políticas públicas y acuerdos bilaterales entre el Estado español y los países de África Occidental han sido relevantes ya que esta época coincidió con un aumento de los flujos migratorios provenientes de dicha región. Al igual que está pasando estos días, los medios de comunicación se hicieron eco de este aumento dando una imagen de avalancha que no correspondía en el aquel momento, ni corresponde actualmente con la realidad. 

A causa del tratamiento al que han sometido los medios a estas personas que querían cruzar la frontera sur del país, en 2006 se produjo la llamada “crisis de los cayucos”, que junto con las muertes que el año anterior tuvieron lugar en la frontera hispano-marroquí, fueron el motor del I Plan África.

No obstante, la llegada de embarcaciones a las Islas Canarias y su evolución, que comenzó en 1994 en Fuerteventura y se consolidó en el verano de 2006 con la citada crisis, no se debe tan sólo a causas de pobreza. Existen otros tipos de factores estratégicos que incidieron en el fenómeno.

En el año 2005 las autoridades gubernamentales españolas llegaron a un acuerdo con las marroquíes en cuestión de repatriaciones y control fronterizo, lo que produjo una reducción del número de pateras que llegaban a las costas andaluzas y un incremento en el arribo de cayucos a las Islas Canarias. A esta cooperación bilateral habría que añadir la puesta en marcha y posterior ampliación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que funciona en el Estrecho de Gibraltar.

Por estos motivos el origen de las salidas pasó de Marruecos a Mauritania, país con el que el Estado español también reactivó un acuerdo en 2005 en el que se contempló la repatriación de inmigrantes mauritanos y de otras nacionalidades que hayan hecho el tránsito por el país, así como el equipamiento técnico y formativo de las fuerzas mauritanas de control de fronteras, lo que produjo que las rutas hacia Europa descendieran más hacia el sur, convirtiendo a Senegal y Cabo Verde en dos de los principales países de salida. El Estado español negoció distintos acuerdos con estos países, entre ellos uno de nueva generación y otro de control fronterizo con Cabo Verde. Con Senegal no lo consiguió. A pesar de ello, las repatriaciones de ciudadanos senegaleses hacia su país de origen han sido de las más numerosas.

Esta ¿coincidencia? entre el aumento de los flujos migratorios afro-europeos y el incremento de los fondos de la cooperación euro-africana deja al descubierto como los sucesos que ocurren en la frontera no es una cuestión de azar o libre albedrío. Las estrategias, condicionantes y decisiones políticas tienen mucho que ver en el devenir de personas que sólo buscan una alternativa mejor, sin saber que muchas de ellas mueren en la travesía o en la llegada a causa de la acción policial. Es la importancia estratégica y no los derechos humanos lo que marca el destino de muchas actuaciones que engloban a ciertos países y, por desgracia, a sus ciudadanos y ciudadanas.

A día de hoy, la Ruta del Oeste, la de los cayucos de África Occidental hacia las Islas Canarias, está casi cerrada. Por una parte, los flujos de inmigración han ¿optado? por elegir otras rutas con ¿puntos más débiles? en el dispositivo fronterizo que ya se estaban utilizando antes de 2006, como son otros puertos de la península o las vallas de Ceuta y Melilla. Por la otra, detrás de estas cifras, se esconden los datos de los que han muerto en la travesía, que cada vez es más complicada. 

Por lo tanto, se cierra la Ruta del Oeste y el Estado español se apunta un tanto. ¡Esto no es efectividad del sistema de control de fronteras! 

Y la historia se repite y parece que se volverá a repetir hasta que dejen de tratar el tema de manera superficial dejando las responsabilidades en otros estados y se tomen medidas basadas en el respeto de los derechos humanos y no en las necesidades de estos… Y Europa, ¿dónde está?

Referencias:

CARBALLO DE LA RIVA, M., 2009. Migraciones y desarrollo: la incidencia de África subsahariana en la agenda política. Documento de Trabajo nº 13. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y Universidad Complutense de Madrid (UCM).


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