El VIH/SIDA y el trinomio seguridad-salud-desarrollo.

Por Angie Larenas

En septiembre de 2000 los principales líderes mundiales se reunieron en la llamada Cumbre del Milenio. Allí definieron ocho objetivos concretos para avanzar a favor de la paz, los derechos humanos, la gobernabilidad, la sostenibilidad ambiental, y la erradicación de la pobreza; para promover los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad. El objetivo número seis hacía referencia directamente a la necesidad de combatir el VIH/SIDA, junto al paludismo y otras enfermedades. De este modo, el VIH/SIDA pasaba a formar parte de la agenda mundial vinculada al tema de la seguridad y el desarrollo.

El VIH/SIDA se ha expandido por el mundo a gran velocidad, pero no al azar. El gráfico nº 1 muestra la prevalencia de la enfermedad globalmente. Se percibe con claridad que la zona por donde más se ha extendido se corresponde con los territorios más empobrecidos del mundo, como África Subsahariana.

Gráfico nº 1: Cantidad estimada de personas viviendo con VIH, 2012.

Fuente: ONUSIDA 

Existen elementos que han facilitado la emergencia de la enfermedad y que pueden ser analizados desde las ciencias sociales: la urbanización, la pobreza, los cambios en los estilos de vida, el incremento de consumo de drogas intravenosas, etc. En gran medida las desigualdades sociales han dado forma a la propagación del virus, y también al curso de la enfermedad en las personas afectadas. 

En un contexto como este es especialmente importante estudiar la enfermedad, su prevención y su control. Una opción es analizarla como parte del trinomio seguridad-salud-desarrollo. Pero ¿cómo se vincula la salud a la seguridad y al desarrollo? Lo primero es que hay que ampliar y profundizar el campo de análisis de ambos conceptos. 

Las personas experimentamos la inseguridad desde diversos ámbitos. La amenaza de la guerra –como apuntaba el concepto tradicional de seguridad, aquel que enfoca su atención hacia el Estado y su defensa a través de la militarización- puede ser uno de ellos, pero la pobreza, la falta de oportunidades y de condiciones óptimas para la salud, lo son también. Por lo tanto, la seguridad es un concepto multidimensional y sus dimensiones interactúan. 

Más concretamente, la manera en que el VIH/SIDA se ha extendido sobre el mundo se puede explicar también a partir de la interrelación de variables como la pobreza, la desigualdad sexual, la violencia, etc., elementos que a su vez inciden sobre las condiciones de inseguridad del mundo en que vivimos. En este sentido es preciso considerar que la protección sanitaria mundial es interdependiente, que hay países con sistemas epidemiológicos muy fuertes y otros muy débiles, y esto no es natural.

El carácter social de estos procesos ha ayudado a que en materia de desarrollo se haya llegado a un cuestionamiento de aquellas visiones que ponían el centro de atención en el crecimiento económico y que analizaban el desarrollo desde una perspectiva evolucionista. De este modo, la ampliación y profundización del concepto de desarrollo desvía la atención hacia sus dimensiones sociales: oportunidades, empoderamiento, derechos humanos, género y medioambiente, son algunas de ellas.

Entonces, el trinomio seguridad-salud-desarrollo forma una relación dialéctica y compleja que implica la convergencia de temas diversos y que demanda soluciones desde los niveles macro y microsociales, desde las entidades comunitarias, hasta los Estados y el sistema internacional. Solucionar el problema de la incidencia del VIH/SIDA requiere de la acción global, pero no solo de acciones en materia de salud, sino también sobre el desarrollo y la seguridad. 

Con la interrelación entre estos elementos salta a la vista la necesidad de establecer una complementariedad entre políticas en el marco de la salud. Esta centralidad inserta a la salud en la lógica de los derechos humanos y de la satisfacción de necesidades básicas, e incide en las capacidades y las libertades de las personas. Sin embargo, va más allá del ámbito de lo individual y de lo estatal para integrar la dinámica de las relaciones internacionales donde la problemática del desarrollo y de la seguridad es fundamental.

Para mayor información ver:

FARMER, P., “Desigualdades sociales y enfermedades infecciosas emergentes”, en Papeles de Población, nº 23, enero-marzo de 2000, pp. 181-201.

SUTCLIFFE, B., “El virus de la Inmunodeficiencia Humana y sus colaboradores”, en Cuadernos de trabajo de Hegoa, nº 45, julio de 2008, pp. 17-67

¿Qué son las amenazas a la seguridad?

Por Angie Larenas

En Estudios Internacionales el debate sobre la seguridad, que veíamos en entradas anteriores, se enlaza con la discusión sobre las amenazas a la seguridad.

Tradicionalmente se consideraba que las amenazas a la seguridad provenían de cuestiones tales como la proliferación de armas de destrucción masiva y los conflictos entre Estados (que podían desembocar en guerras). Sin embargo, luego del fin de la Guerra Fría comienzan a tratarse como amenazas todo un abanico de problemas globales de índole económica, política y social.

Se trata de un amplio rango de factores. Algunos medibles, como la insuficiencia de ingresos, el desempleo crónico, la falta de acceso a la salud y a la educación. Otros más subjetivos, como la sensación de ser incapaz de controlar nuestro propio destino (especialmente en contextos de guerra), el sentimiento de indignidad, el miedo al crimen o a los conflictos violentos. (Tadjbakhsh, 2005: 29-30):

Desde la década de 1990 se ha producido un cambio en la manera en que las fuentes de inseguridad impactan sobre el mundo. Nos encontramos más interconectados, las amenazas se transnacionalizan, utilizan los mecanismos de la globalización para expandirse, y estos elementos, entre otros fenómenos y procesos, provocan que problemas de seguridad que antes podían circunscribirse a un país o a una región, hayan ampliado su campo de acción.

Aunque con estas líneas pudiera parecer fácil definir qué es una amenaza a la seguridad, este es un tema tremendamente complicado. Algunos especialistas se decantan por establecer una especie de catálogo de amenazas donde unas tienen mayor peso que otras. Por ejemplo, la violencia física sobre la dignidad humana, la falta de ingresos sobre la ruptura de las comunidades.

Sin embargo, las amenazas físicas son muy restringidas para explicar la problemática de la seguridad. Sobre todo porque no debemos pensar que las personas nos sentimos seguras solo cuando controlamos aquellos fenómenos objetivos (tangibles-medibles) como los que mencionábamos antes. De este modo, se perderían elementos importantes para el bienestar humano, como la posibilidad de reproducir nuestra identidad y nuestras relaciones sociales en un entorno de confianza.

Sobre este tema Roe (2008: 82) propone algo que no es habitual tener en cuenta cuando se debate sobre las amenazas a la seguridad: la importancia de las relaciones sociales. Este autor remarca que los límites de las amenazas están determinados por las seguridades e inseguridades de las relaciones sociales. Es decir, por cómo la interacción humana es capaz de producir tanto peligros como seguridades para las propias personas y para sus comunidades.

En resumen, desde esta perspectiva la seguridad es una propiedad del mundo social y las amenazas a la seguridad son aquellas que desafían la confianza en nuestras capacidades de entender, monitorear y manejar las relaciones sociales en nuestra vida diaria. Se trata de de ser capaces de controlar nuestro entorno. Algo que en situaciones de crisis (como la actual en el Estado español) o en contextos de conflictos armados es mucho más difícil de lograr.

Para profundizar:

McSWEENEY, BILL (1999): Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations, Cambridge, Cambridge University Press.

ROE, PAUL (2008): “The ‘value’ of positive security”, nº 34, pp. 777-794.

TADJBAKHSH, SHAHRBANOU (2005): Human Security: Concepts and Implications with an Application to Post-Intervention Challenges in Afghanistan, Les Études du CERI, Working Paper, n° 117-118.

Aparato militar y construcción del Estado

Por Angie Larenas

Hace unas semanas Artur Mas anunciaba que una vez Catalunya sea independiente se podría pedir la protección del Ejército francés. He escuchado a más de un periodista y político poner el grito en el cielo porque a Artur Mas no se le ha ocurrido la planificación de un Ejército propio en su propuesta de una Catalunya independiente.

El presidente de Haití, Martelly, pretendía favorecer a la antigua élite militar con la reorganización del Ejército haitiano en un país que no puede ni sostenerse en pie.

También he escuchado a un importante cientista político -y también activista político- decir que para construir un Estado hay que fortalecer el aparato militar.

¿Pero de dónde viene esta percepción sobre la necesidad de militarización? 

Existe una visión sobre la seguridad que ha logrado imponerse como pensamiento único en el ejercicio político internacional: el realismo político. Este tiene la visión de que los Estados forman un sistema anárquico donde las luchas por el poder son constantes y naturales. 

En ese sistema anárquico los Estados necesitan asegurar su condición como tales, su soberanía, y su situación de poder. Lo hacen a través de la política, de la economía, de la cultura, pero también mediante el uso de la fuerza o de la demostración de su fuerza potencial. Es decir, a través de la construcción de un aparato militar lo suficientemente sólido como para disuadir a sus “enemigos” de un ataque.

La nuclearización es el ejemplo más claro y extremo a la vez. Se dice que en la actualidad hay 8 países que poseen bombas atómicas (mucho más potentes que las que lanzó EEUU a Japón en 1945): EEUU, China, Rusia, Francia, Reino Unido, Israel, Pakistán e India. Pero el solo hecho de deslizar el interés por construir una bomba atómica (como Irán) o de declarar que se tiene aunque nadie puede asegurar que sea cierto (como Corea del Norte) es un elemento de disuasión tan potente como para mantener al mundo en ascuas durante varios telediarios.

La cuestión es que la construcción de un aparato militar se percibe como una necesidad para controlar las fronteras, para mantener la soberanía, para construir alianzas. En el fondo, para “mantener al enemigo a raya”. Y cuando el “enemigo” no está en la frontera exterior, sino en la interna, se utiliza esa fuerza para reprimir a quienes osan rebelarse y, como daño colateral, a la propia población civil. Es lo que ocurre en Siria.

¿Esto tiene que ser así? Pues no. Así nos lo han contado y así ha venido ocurriendo. Es cierto que no conocemos otra realidad. Por lo tanto, hay que construirla; y construirla pasa por desmontar la visión cerrada y esencialista de la relación entre los Estados.

Primero, en este supuesto sistema internacional anárquico, más que anarquía lo que existen son relaciones jerárquicas de poder, donde unos mandan y otros obedecen, donde unos controlan y otros son controlados. Esa correlación de fuerzas es dinámica. De hecho, hace 30 años existían dos superpotencias que llevaron la carrera armamentística hasta su máxima expresión, pero una de las dos, la URSS, resultó no ser tan potente y desapareció.

Segundo, esa jerarquía no es natural, ha sido construida por las personas a través de la historia. Por lo tanto, decir que la militarización es condición para la construcción y el mantenimiento de un Estado no es necesariamente cierto. Ahí están Japón y Costa Rica sin aparato militar. Somos las propias personas quienes hemos convertido a los Ejércitos en una necesidad. 

Tercero, en el mundo actual son cada vez más escasas las guerras entre Estados y sí más probables los conflictos armados dentro de un propio Estado. Entonces ¿para qué mantener un aparato militar si son pocas las posibilidades de ir a la guerra con un país vecino? Dentro del dinamismo mundial el rol de los Ejércitos ha ido cambiando. 

Se dice que la propia OTAN, que surgió como muro de contención ante las demostraciones de fuerza de la URSS, perdió su razón de ser cuando cayó el bloque socialista. Sin embargo, logró persistir gracias a su injerencia en asuntos humanitarios. La imagen del militar ayudando en guerras y catástrofes “naturales” ha sido como un lavado de cara para el mundo militar post-Guerra Fría y lo ha ayudado a justificar su mantenimiento.

Con estas líneas lo que pretendo es argumentar que lo que parece ser no necesariamente es, que podemos dudar de lo que nos cuentan, que lo que sucede no es fruto de la naturaleza humana: somos así, pero podemos ser de otra forma. La inversión en la industria militar tiene un costo en vidas humanas, el gasto público militar es no-gasto en otras áreas de la sociedad, el comercio de armas es el (des)control sobre las armas… y así podríamos continuar con un largo etcétera.

El principio de Coherencia de Políticas a favor del Desarrollo: un acercamiento desde las políticas migratorias europeas

Por Nerea Azkona

La Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) es una importante herramienta que, utilizada eficazmente, puede llegar a tener efectos muy beneficiosos sobre el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. De hecho, la perspectiva general del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está basada en los objetivos tradicionalmente establecidos para la ayuda. Estos se redefinieron a finales de los años 80 y vienen a ser el alivio de la pobreza, los derechos humanos, la democracia y el buen gobierno.

Desde la década de los noventa, y en paralelo a los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), diversas organizaciones multilaterales como Naciones Unidas (NNUU), la OCDE y la Unión Europea (UE) comenzaron a debatir sobre una nueva perspectiva para las políticas públicas de cooperación al desarrollo en los países económicamente más empobrecidos, que fuera más allá de la mera ayuda financiera. Este planteamiento asume que otras políticas distintas de las de la cooperación, como por ejemplo políticas económicas, comerciales, migratorias, medioambientales, agrícolas, culturales, de defensa, etc., pueden también contribuir, limitar o incluso perjudicar el desarrollo promovido por las políticas de cooperación.

En esta línea, y en el ámbito de la UE, en el año 2005 se asumió explícitamente un compromiso con el principio de CPD, lo que implica garantizar que los objetivos y resultados de las políticas de cooperación al desarrollo de un gobierno no se vean mermados por políticas que en otros ámbitos lleve a cabo ese mismo gobierno y que, además, esas otras políticas apoyen los objetivos de desarrollo cuando ello sea posible.

Históricamente, las cuestiones referentes a migraciones y a cooperación al desarrollo se han venido reflexionando por separado. En este sentido, las políticas públicas sobre migraciones se han preocupado más por el control de las fronteras y los efectos en las sociedades de destino (integración), que por las consecuencias de la emigración en el desarrollo de los países de origen. Y las políticas públicas de cooperación al desarrollo se han centrado en la gestión de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En el mejor de los casos, la idea de coordinación entre políticas migratorias y políticas de cooperación al desarrollo ha sido la de “a más desarrollo en los países de origen menos migración en los nuestros”, lo que no siempre es cierto, ya que ciertos programas de cooperación al desarrollo despiertan expectativas de vida y crean lazos entre países que las personas utilizan para migrar.

Aunque, en principio, las políticas de cooperación al desarrollo y las migratorias dependen de distintos departamentos, se solapan en diferentes ámbitos; sobre todo, los que tienen que ver con el pilar específico de la cooperación al desarrollo de las políticas de exterior, y con la dimensión exterior de las políticas migratorias, desarrollado a partir del enfoque global de las políticas migratorias de la UE.

Así, en el ámbito comunitario, podemos encontrar tres pilares en los que se sustenta la actividad exterior: la dimensión política relacionada con las relaciones internacionales, la dimensión comercial y la cooperación al desarrollo. Las interrelaciones entre ellos han demandado desde un principio una gran coherencia al interior de las políticas exteriores. Además, a partir del enfoque global de la política migratoria europea desarrollado desde 2005, hay que añadir a estos tres pilares y su (in)coherencia, la dimensión exterior de dichas políticas, el pilar que reza a favor del desarrollo en los países de origen de las migraciones, con lo cual el ámbito de la CPD se ha expandido hasta las políticas migratorias.

Se puede observar cómo las migraciones podrían convertirse en un factor de desarrollo, si observamos el tercer pilar de las políticas migratorias, tomándolo incluso como un factor de reducción de la pobreza, compartiendo el objetivo propio de la cooperación.

Consideramos que, en este caso, la falta de coherencia de políticas de desarrollo estaría relacionada con una cooperación interesada, esto es y refiriéndonos a las políticas migratorias y de cooperación al desarrollo, con la formulación de políticas de cooperación al desarrollo con objetivos prioritarios de seguridad y de control de flujos migratorios ilegales, dejando a un lado, o en el peor de los casos en el olvido, el objetivo prioritario de la cooperación al desarrollo, que no es sino la lucha contra la pobreza

Por lo tanto, a pesar de la idea de que la migración y el desarrollo están interrelacionados, y que deben ser abordados desde un marco político coordinado y coherente, que apunta a la consecución de los ODM, en lo que se refiere a las políticas concretas, ambos ámbitos siguen estando desvinculados y descoordinados, y bajo la alargada sombra de la instrumentalización, como se deja patente en los Foros Globales de Bruselas (2007) y Manila (2008) sobre Migración y Desarrollo, organizados por la Comisión Global sobre Migración Internacional.

Seguridad y mundo social: superando las fronteras de lo aprendido.

Por Angie Larenas

Una de las preocupaciones fundamentales de los Estados en sus relaciones internacionales y de la comunidad internacional (representada en organismos como la ONU), ha sido y continúa siendo la seguridad.

Pero la seguridad se ha convertido en un tema especialmente polémico. Sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, cuando se hizo evidente que la visión tradicional era insuficiente para explicar y dar respuesta a los múltiples problemas que traía consigo el nuevo orden mundial… este que comenzó cuando acabó la confrontación entre las dos superpotencias (EEUU y URSS).

La visión tradicional de la seguridad, centrada en los intereses de los Estados y de la defensa militar de sus fronteras, perdió fundamento en el mundo interconectado e interrelacionado de la década de 1990. La profundización del proceso de globalización puso en evidencia que los problemas de inseguridad son transfronterizos, regionales, globales, y que las amenazas a la vida humana y a su bienestar traspasan el umbral de los propios Estados.

Está suficientemente investigado y probado que las mayores amenazas a la seguridad de las personas provienen de elementos aparentemente tan dispares como las epidemias, la pobreza, la desigualdad, la violencia estructural, los cambios medioambientales, la pugna por los recursos, etc. Y que el alcance de las guerras ha ido menguando con el paso de estos 23 años de post-Guerra Fría (aunque no podemos perder de vista conflictos como los de República Democrática del Congo, Somalia, Israel-Palestina, etc.).

El riesgo que produce la inseguridad no habla solamente del aspecto físico: de la violencia física. Sino también de aquella violencia simbólica y estructural que participa en la producción y en la reproducción de las propias desigualdades por razones de género, de etnia, de color de la piel, de acceso al bienestar y a los recursos. Por lo tanto, la seguridad debería tratarse en un sentido amplio, pero a la vez mucho más profundo.

En el caso del Estado español una de las amenazas a la seguridad más acuciantes en la actualidad no es la amenaza de una guerra, ni siquiera la amenaza terrorista, tan de moda en el mundo globalizado desde del 11-S, sino el problema del desempleo. La existencia de casi 6 millones de personas desempleadas (según cifras oficiales de la EPA) contrasta con los 16.492,44 millones de euros dedicados por el gobierno central al gasto militar (según estadísticas del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs).

Lo que intento puntualizar es que un tratamiento de la seguridad (con políticas efectivas) debería incidir, primero que todo, en el plano del fortalecimiento del tejido social y la comunidad. En un sentido de emancipación de las estructuras de poder que hacen que las desigualdades que vivimos día a día se nos presenten como naturales y no como parte de lo que nosotras/os hemos construido a través de la historia.

La idea es desprendernos del imaginario que reproduce una visión de la seguridad centrada en los intereses egoístas de los Estados en el plano internacional y en la defensa de esos intereses desde la perspectiva de la militarización, jerarquización y masculinización de las estructuras de poder.

Dónde encontrar más datos:

• Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs
• Instituto Nacional de Estadísticas