Sobre la monarquía. El peso del simbolismo o el anacronismo institucional.

Por Angie Larenas

La abdicación de Juan Carlos de Borbón, Rey de España, el pasado 2 de junio, ha generado la coyuntura perfecta para que se instaure públicamente el debate sobre el futuro de la monarquía. En efecto, desde ese día se han venido sucediendo manifestaciones que abogan por su fin. 

Básicamente, lo que piden numerosas organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos y ciudadanas, es que los pueblos del Estado español puedan decidir en referéndum si desean continuar con el sistema monárquico actual o cambiar el curso de la historia e instaurar la III República. 

La monarquía es un objeto anacrónico en una sociedad democrática. Así lo veo yo. Representa lo más arcaico de la política. Además de que es injusto que en el mundo actual una persona goce de todos los privilegios solo por pertenecer a determinada familia, y que además sea venerada por ello.

Es cierto que la función del Rey es fundamentalmente simbólica porque su poder se encuentra muy limitado por la Constitución. Pero, ¿qué necesidad hay en el contexto actual de dilatar la existencia de una institución cuyo peso es puramente simbólico? O más, ¿por qué perpetuar la existencia de una institución que ha caído en el descrédito social por su falta de transparencia, escándalos de corrupción, distanciamiento de la base social, etc.?

Fuente: Viñeta de Manel Fontdevila (portada censurada de El Jueves)

Durante décadas la legitimidad del Rey ha descansado, en gran medida, en su figura como “artífice de la transición a la democracia”. Pero ¿de qué legitimidad goza Felipe VI? Su figura necesita su propia construcción legitimadora que haga olvidar un poco el desencaje social de una institución inmóvil y anacrónica, y resalte su valor simbólico. He aquí, en mi opinión, el gran desafío de la monarquía.

Por otro lado, quienes abogan por un cambio y por la alternativa republicana se enfrentan a una realidad. La potestad para decidir sobre la posibilidad del referéndum la tienen las Cortes Generales. Pero, como ya sabemos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) han dado su apoyo a la sucesión monárquica, y ambos partidos, por ejemplo, ocupan 266 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, lo que hace muy difícil que salga adelante dicho referéndum. 

Esta realidad hace más necesaria la movilización popular como elemento de presión para lograr ese referéndum. 

Y les dejo aquí, con el Art. 92 de la Constitución:

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

Voces del baloncesto femenino en España: Ainara Ramasco y Miren Agirregoikoa (Segunda parte)

Por Tamara Lucarini

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (EHU/UPV)

Master en Estudios Feministas y de Género (EHU/UPV)

Por Carlos Pulleiro

Investigador pre-doctoral en Estudios Internacionales (EHU/UPV)

Link a la primera parte de la entrevista

Situación económica del baloncesto femenino (continuación)

El sacrificio y el amor al deporte es lo que hace que las jugadoras continúen. Ainara recuerda, “el año pasado que íbamos a jugar por ejemplo a Barcelona -ir, jugar y volver en una furgoneta- era una paliza. Las americanas se sorprendían: «¿8 horas en una furgoneta, juego y luego vuelvo?» Igual alguna lo rechaza pero aquí no se ha dado”. Miren recalca que “ahora, tal y como están las cosas, las jugadoras miramos más si se nos paga a fin de mes que las condiciones de viaje o la comida -un bocata en lugar de un menú-. Lo haces, te molesta en el momento pero lo haces, preferimos cobrar a fin de mes. Pero no solo nosotras sino todo el mundo”.

Y es que no se puede obviar que la crisis ha afectado enormemente al mundo del deporte, especialmente al femenino, como muestra la desaparición del Ros Casares en 2012 (el equipo de baloncesto femenino más laureado de España, ganador de 8 de las últimas 12 ligas que disputó y que en su último año se alzó con la Euroliga). “Un equipo referencia para muchos clubs desaparece cuando ha quedado campeón de Europa. Que desaparezca un club así y que nadie haga nada para que no desaparezca...” Ainara lo compara con la situación del Bilbao Basket donde “la Diputación ha hecho todo lo posible para que no desaparezca. Sí que se ve diferencia, pero en general ha bajado todo. Hay muchos equipos que no pagan, jugadoras que se van de equipos sin haber cobrado lo que se les debe.”

Ambas recalcan que a diferencia de otros países, en España “económicamente el baloncesto femenino está muy mal. Hay jugadoras que están jugando sin cobrar”. Mientras, en Turquía o Corea del Sur las jugadoras gozan de una situación privilegiada: “Las noticias que tenemos -sobre una ex-compañera- es que le suben el desayuno, la comida, lo que quiera al apartamento. Tienen un apartamento para ellas solas, un chofer, el sueldo es 10 veces más de lo que cobraba aquí. Al final claro que se ven diferencias, mucha gente se está yendo a jugar allí”. La emigración deportiva femenina no es exclusiva del baloncesto, también sucede en el futbol o en el balonmano, por ejemplo.

No obstante, las dificultades no son las mismas para todos los equipos. Dentro de la lógica competitiva los que más destacan suelen ser aquellos que más presupuesto manejan. Así, frente a los aproximadamente 200.000 euros de presupuesto del Ibaizabal de esta temporada, el Perfumerías Avenida de Salamanca cuenta con el doble, en torno a los 400.000-500.000€ y que es solo la mitad de los 900.000€ de presupuesto de la temporada anterior. Así, la crisis está generando una igualdad económica a la baja en los equipos y a pesar de esta tendencia, las jugadoras del Perfumerías o el Rivas Ecópolis de Madrid (reciente campeón), continúan cobrando más que las jugadoras mejores pagadas de la gran mayoría de los equipos de la liga.

En estas dificultades económicas tampoco hay que perder de vista que el baloncesto es uno de los deportes que cuenta con más seguidores en el Estado, por lo que dentro de la discriminación hacia el deporte femenino el baloncesto no sale tan mal parado. En este sentido Miren recalca que “puede haber una gran espadachina, pero estoy segura de que no va a tener las mismas oportunidades, ni el tirón que vayamos a tener nosotras. En el masculino hay diferencias entre deportes, en el femenino también”.

Miren Agirregoikoa (de rojo), autor: Carlos Bernad

Responsabilidad ante la desigualdad en el deporte

El Ibaizabal femenino, que también cuenta con secciones masculinas, se establece como la punta de lanza del club y reciben un trato como tal. El equipo masculino es consciente de que están en una categoría inferior. “Es una realidad, no es que estemos en la misma categoría y se nos apoye más, es que por narices tenemos que tener más apoyo nosotras. Nos llevamos muy bien, algunos chicos vienen a entrenar con nosotras”.

En el baloncesto esta situación es excepcional, ya que solo el Sedis Basquet cuenta también con categorías de ambos sexos, y en la ACB los equipos no cuentan con secciones femeninas en sus organigramas, lo cual contribuye a distanciar aún más la liga masculina y la femenina. Como se ha expuesto recientemente en un artículo de Ana Requena[1], el Real Decreto de Federaciones Deportivas de 1991 afirma que "no podrá existir más que una liga profesional por cada modalidad deportiva y sexo en el ámbito estatal". Es decir, que se anula la posibilidad de que exista una liga profesional por cada sexo, primando las ligas masculinas y dejando en la cuneta a las femeninas, en la que las garantías para con las jugadoras son claramente inferiores.

Ante la ruptura entre el deporte femenino y masculino en todos los niveles (normativa, económica, mediática…) es necesario plantear quién ha de contribuir a remediar esta situación. En primera instancia las federaciones deportivas que deberían ser las principales interesadas e impulsoras de las medidas para favorecer la igualdad en el deporte, no se implican adecuadamente en promover el deporte femenino. Por ejemplo en el baloncesto, económicamente lo primero de todo es el aval a pagar para la federación, siendo ésta indiferente ante las deudas que puedan tener esos clubs con las propias jugadoras o las agencias de viajes.

Asimismo, el Real Decreto de 1991 que condiciona la profesionalización del deporte femenino, no tiene una contestación activa por parte de las propias federaciones. Tampoco es equiparable la promoción o difusión del deporte femenino al masculino. En Euskadi, por ejemplo, se ha podido ver cómo la sección masculina se marchaba a jugar a Argentina en 2011, mientras la selección femenina se quedaba en el Estado español tras prometerlas un viaje al exterior. Las jugadoras evidentemente protestaron y el año pasado acabaron disputando un partido en Senegal.

Pero la desigualdad en el deporte no es un asunto exclusivo de las federaciones. La capacidad de obligar a éstas a aplicar políticas deportivas de igualdad reside también en los poderes públicos y no se está viendo ninguna voluntad al respecto. Tampoco estos organismos ejercen su papel de difusión al ignorar los medios de comunicación públicos la existencia del deporte femenino, que no rompe con el “TV Sport System” del que se ha hablado en la primera parte del artículo. El manejo de los horarios y la cobertura en los noticiarios y programas deportivos públicos continúan con el arrinconamiento mediático del deporte femenino al igual que sucede en las cadenas privadas.

En definitiva, los medios de comunicación del Estado no ejercen la función de servicio público al cual están destinados. Ainara comenta al respecto: “Al final es lo de siempre ¿Cuánta gente ve un partido de baloncesto femenino y cuánta ve un partido de ACB? Mucha gente lo hace -ver baloncesto femenino- y por ello estamos aquí, pero ¿Cuándo lo dan? Es todo dinero por el que se vea más el futbol masculino ¿Cuándo lo dan? Pues un viernes o un sábado a las 8 de la tarde. Femenino, un domingo a las 12 de la mañana”.

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[1] http://www.eldiario.es/economia/Jugadoras-primera-trabajadoras-segunda_0_236226540.html

Voces del baloncesto femenino en España: Ainara Ramasco y Miren Agirregoikoa (Primera parte)

Por Tamara Lucarini

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (EHU/UPV)

Master en Estudios Feministas y de Género (EHU/UPV)

Por Carlos Pulleiro

Investigador pre-doctoral en Estudios Internacionales (EHU/UPV)

La precariedad envuelve al deporte femenino en el Estado español, las cifras económicas y deportivas que manejan no pueden compararse con el deporte masculino. La discriminación en los medios de comunicación es una realidad y la excusa para mantenerla es la habitual: el deporte femenino carece de interés, casi nadie va a ver sus eventos y por tanto los patrocinadores, principales financiadores de los clubs, invierten cantidades mucho menores que las que puedan aportar a los equipos deportivos masculinos.

Además, no se puede olvidar que los medios de comunicación juegan un papel central catalogando lo interesante de lo no interesante en el espectáculo deportivo mediante su programación. El horario de las emisiones de los encuentros, la presencia prácticamente nula en los informativos de máxima audiencia o el tono de los medios refuerzan ese aislamiento del deporte femenino; y es que los anunciantes están más interesados en perpetuar el rol de las mujeres como meras consumidoras y no como deportistas. En este esquema del “Tv Sport-system” el dinero que llega a los clubs y a las deportistas es escaso y a veces prácticamente nulo, por lo que al ejercer la práctica deportiva las deportistas se han de sumir en una fuerte exigencia diaria.

Para ver más de cerca este retrato del deporte femenino realizamos recientemente una entrevista a Ainara Ramasco (4-8-1989) y Miren Agirregoikoa (2-10-1987), jugadoras del Ibaizabal Saskibaloi Taldea de Galdakao, club que ha pertenecido este año a la máxima categoría del baloncesto femenino. “Se ha de ser muy puntera para vivir de ello con tranquilidad” recalca Miren, “hay muy pocas jugadoras que puedan decir: «mira, vivo de ello y no necesito trabajar y no voy a necesitarlo»”.

Ambas jugadoras siempre han estado buscando una salida paralela al baloncesto profesional, pues a pesar de que han llegado a la categoría máxima nunca habían contemplado a priori que pudieran vivir del baloncesto. Así y todo el deporte está siendo para ellas un recurso económico y de experiencia vital, que les ha permitido salir de casa de sus padres o ganar sus primeros salarios. Como explica Miren “la profesionalización del deporte para mí ha sido un salida, este año estamos cotizando y yo no había cotizado nunca por jugar al baloncesto”. Las deportistas se encuentran así en un limbo situado entre el deporte profesional y el amateur en relación a los ingresos.

Tanto Ainara como Miren se desarrollaron baloncestísticamente en el Ibaizabal, club formado en 1983 que fue poco a poco adquiriendo una notable presencia femenina con importantes éxitos. En 2001 consiguen el ascenso a la 1ª División Nacional, en 2008 logran alcanzar la Liga Femenina 2, y el 14 de abril de 2013 se culmina la escalada con el ascenso a la Liga Femenina.

A través de esta progresión se producen cambios importantes. Ambas jugadoras fueron observando como ya en primera nacional llegan los primeros fichajes internacionales. “A las americanas se las llamó para que vinieran a jugar aquí” afirma Ainara, “con representante y todo. Luego ya asciendes y ves que el tema es mucho más profesional, que todos los equipos traen a americanas, nacionales, viajes, te fichan…” apuntilla Miren.

Los ascensos conllevan más recursos. “Te empiezan a pagar algo”, pero los fichajes internacionales implican a su vez el reconocimiento del mercado del éxito. Como describe Miren “al final eres de casa y nunca te valoran igual. Bueno al final es normal, ya que no puedes tirar de 12 extranjeras. Te empieza a picar el gusanillo -de la profesionalidad- y cuando me llamaron para jugar fuera yo no lo pensé”.

Ainara Ramasco, autor: Carlos Bernad

Día a día en el baloncesto femenino

Miren una vez acabada la carrera de Enfermería fichó en 2009 por el Universitario Ferrol y posteriormente se fue a jugar a Ibiza, viviendo tres años fuera de casa antes de regresar a Galdakao. La vida deportiva de Ainara en cambio continúa marcada por sus estudios y no se plantea considerar ofertas hasta que acabe su graduación en Administración y Finanzas. Estudiar supone un esfuerzo extra que se suma al del baloncesto profesional, con entrenamientos de cuatro mañanas y cuatros tardes, fines de semana alternos fuera de casa, etc. Y aunque la UPV designa un tutor a las y los deportistas de élite para que les ayuden en la comunicación con el profesorado o con la gestión de horarios y trabajos, compaginarlo todo es muy complicado y agotador.

En este sentido el club también es flexible en épocas de carga lectiva y avisando permite faltar a entrenamientos, pero la doble carga suele estar presente. Miren, que hace un master relacionado la enfermería procura no parar nunca. Como enfermera no es inmune a los recortes, trabaja en verano y durante la temporada se centra en el baloncesto.

Ambas no son una excepción ya que para muchas deportistas las vías alternativas al deporte son una constante, pues las salidas profesionales para una mujer que quiera dedicarse a su deporte son muy difíciles. Incluso en este caso prolongar sus carreras vinculadas al baloncesto, como en la FEB (Federación Española de Baloncesto) por ejemplo, está limitado solamente a las más punteras, “gente como Amaia Valdemoro. Pero es muy difícil” expone Ainara.

Apoyo y situación económica del baloncesto femenino

 La exigencia es alta y el apoyo es importante y a ellas nunca les ha faltado. Su entorno más cercano aun remarcando que no olviden sus estudios, siempre las han apoyado y éstas nunca han dudado en continuar. El Ibaizabal es un equipo modesto pero que ha despertado un gran apoyo en la localidad. Los partidos cuentan con una gran afluencia de público y no hay ninguna queja. “Con nosotras se han portado, no tenemos nada de que quejarnos en cuanto al ayuntamiento, Bizkaialde[1], gente que nos viene a ver, gente que nos apoya… Este año hay más socios que el año pasado, peñistas del Bilbao Basket que han venido y han hecho una peña del Ibaizabal. Se ha involucrado mucha gente.”

Miren recuerda que en comparación con Galdakao, “en Ferrol y en Ibiza apenas se vivía el baloncesto. En Ferrol apenas iban 30 personas a verlo, los de siempre, los padres de algunas juniors…” También reconoce que “según los años pasan somos más respetadas” pero a pesar de esto, las condiciones materiales siguen estando asociadas a la precariedad. “Entrenamos en el pabellón municipal y eso condiciona horarios por ejemplo. Nosotras somos un equipo de élite, de primera división. El año pasado entrenábamos en módulos. Por ello, el club pedía para este año un horario y entrenar todos los días o casi todos los días en cancha completa. Nos lo han dado, pero entrenamos de 21:30 a 23:30 de la noche…y lo ideal quizá para una deportista de élite es entrenar de 19:00 a 21:00 que tienes tus horas para descansar, para cenar a las diez de la noche y no a las doce cuando llegamos a casa. Pero al final es a lo que te atas, si de lo que vives te dan a esa hora pues…”

Link a la segunda parte de la entrevista

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[1] Institución que concentra fondos públicos  y privados destinados a coordinar los esfuerzos económicos de los patrocinadores del deporte

El extraño caso de una investigadora en Lanbide

Por Nerea Azkona

No era la primera vez que iba al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), pero para las funcionarias que me atendieron sí que fue la primera vez que veían a una investigadora en vivo y en directo.

Tenía hora a las 10 y media de la mañana para pedir la prestación por desempleo y quería aprovechar el día y llevar mi curriculum junto con todos los títulos y certificados, para poder completarlo en su base de datos y que de esa manera pudieran llamarme de algún trabajo.

La primera duda fue: ¿Dónde llevo todo lo que acredita lo que he hecho a lo largo de mi vida laboral? Siete años trabajando en la universidad da para mucho papel (creo que podría reconstruir un alcornoque con todos los títulos, titulillos y titulotes que llevan mi nombre): los títulos, las certificaciones de participación en proyectos de investigación y las ponencias en congresos, las publicaciones, expedientes, contratos de trabajo, cursos y cursillos varios, y más que ni yo misma sabía que tenía.

Llego y le pregunto a la funcionaria que me atiende si cree que nos dará tiempo en dos horas, ya que no podía llegar tarde a la otra cita. Me miró con cara de “¿Pero tú qué te piensas que vamos a hacer?”. Bien, me sobró un minuto, y porque de la mitad de las cosas que llevaba no se dejó constancia en el ordenador.

¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Como todo está informatizado de tal manera que las categorías que existen son fijas, casi todo lo que soy no está catalogado por Lanbide (ni por el Instituto Nacional de Empleo (INEM)). Un ejemplo:

- ¿Qué eres?

- ¿Lo que he estudiado o de lo que he trabajado?

- Lo segundo.

- Ok. Soy investigadora.

- Mmmmm,… a ver… dónde está,… no sé,… ¿De qué tipo de investigación estamos hablando?

- Investigadora social especializada en migraciones.

- Bien, porque el tema de los huesos no está registrado, ¿vale?

(Mi cara empieza a ser un poema y la funcionaria empieza a pelearse con el teclado del PC)

- Yo trabajo con vivos, de momento… trabajaba en la universidad haciendo estudios sociológicos…

- ¡Ah, mira! ¡Aquí está la categoría de investigador!

- ¡Bien! (Alivio)

- Espera, espera, espera… no eres detective privado, ¿verdad?

- Ehhhh… ¡Pues no! Ni huesos, ni cazatesoros, ni investigadora de cuernos…

- Pues no voy a poder ponerlo… ¿cómo quieres que te defina?

- Pues, soy antropóloga y doctora en estudios internacionales, pero claro, el ordenador no va a tener ni idea ni de una ni de la otra… ¡no sé qué decirte!

- ¿Profesora de instituto?

- Pues tengo el CAP pero nunca he dado clases en un instituto.

- ¿Maestra?

- ¡Eso sí que no! Yo no tengo hecho magisterio, si quieres busca educadora social, como mucho…

- Pues… ¡Espera! ¡Existe la categoría de sociólogo!

- En fin… todo sea por no dejarlo en blanco… pero, claro, yo no tengo la carrera de Sociología, ¿eh?

Bien. Una vez superada mi definición laboral (diez años de mi vida resumidos en “sociólogo” en masculino singular) vienen los títulos, contratos y demás cosillas. No había, por supuestísimo, cabida para nada. La muchacha me miraba como si le estuviera hablando en chino y me propone no meter nada de lo que había llevado y poner en “otros” los links a mi perfil en las redes sociales de academia.edu y a LinkedIn. Muy profesional… Kilos de papel trasladado para nada.

Y al final tuve que elegir cinco profesiones con sus etiquetas fijas de las que me gustaría recibir ofertas de empleo: antropóloga (no existe), investigadora social (no existe), especialista en migraciones o en cualquier cosa por el estilo (no existe), ¿politóloga? (¡no existe! ¡Qué sorpresa!). Me quedo con socióloga y con educadora social, de lo que ejercí con un contrato en prácticas cuando acabé la diplomatura. ¿Y las otras tres? Pues profesora de instituto (ya que la mujer me insistió desde que me senté en la silla que ese era mi futuro) y un largo cri cri cri.

Obviamente, después de cinco meses no me han llamado de ningún sitio; gracias al CV que me hicieron en la oficina de empleo tampoco me extraña. Y digo yo: viendo un poco cómo está el percal en lo que se refiere a la investigación en este país… ¿A nadie se le ha ocurrido que se podría hacer una bolsa de expertos con variables e indicadores (semi)abiertos? Porque claro, Lanbide estará lleno de ¡¡¡sociólogos!!! Ya que no existe ninguna otra categoría para ciencias sociales “hermanas”. Eso sí, no sé qué tanto por ciento de “Monk”s (detective de una serie americana con TOC que ayuda a la policía a resolver casos) habrá por ahí viviendo como detectives privados, ¡ellos sí que tienen su casilla!

La cooperación al desarrollo española y la Ayuda Oficial al Desarrollo: ¿Desmantelamiento de la política?

Por Nerea Azkona

El mes pasado publicamos un post sobre la Ley deExtranjería española deteniéndonos en las numerosas modificaciones que ha sufrido en un breve periodo de tiempo.

Como la Serie Sinergias trata sobre el vínculo entre la migración y el desarrollo, la entrada de hoy está dedicada al sistema de cooperación del Estado español.

No hay que perder de vista que no fue hasta el año 1991 en el que el Estado español se incorporó al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Este hecho fue el que le consolidó como país donante dentro del sistema internacional de cooperación.

Seis años antes, en 1985, fue aprobada una nueva estructura orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que supuso la creación de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Este fue el primer paso español en relación a la cooperación.

El Real Decreto 1527/1988, de 11 de noviembre, reestructuró la SECIPI, y creó la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a la cual se le encomienda propiciar el desarrollo económico y el progreso social, cultural, institucional y político de los Países en Vías de Desarrollo y, en especial, de los de Iberoamérica, así como favorecer el estrechamiento de los lazos de entendimiento y cooperación entre los países desarrollados, especialmente de los integrados en las Comunidades Europeas. La Agencia tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión y funcional.

En 1996, se reestructuró la Agencia y en 2008 pasó a denominarse de forma oficial Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En julio de 1998, se adoptó la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), lo que implicó un salto significativo en la política de cooperación que había ido adquiriendo un peso cada vez mayor en el conjunto de la política exterior española. A diferencia de la Ley de Extranjería, esta otra no ha sufrido cambios a lo largo del tiempo y tiene competencias cedidas a las Comunidades Autónomas.

“La cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional” (Artículo 1).

La LCID otorga a la lucha contra la pobreza el rango de objetivo último al que se debe encaminar la AOD. No obstante, como dice Alonso: “Cualquier análisis que se realice sobre la ayuda española revela el limitado papel que ese objetivo tiene en la orientación efectiva de sus acciones”.

Después de siete años consecutivos de incrementos, en el 2009 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española experimentó su primer descenso en los desembolsos. Así pues, en 2009 se ejecutaron 283 millones menos y en 2010 la cooperación disminuyó otros 667 millones.

El sector de la cooperación al desarrollo experimentó otro duro golpe en 2012, cuando el presupuesto cayó un 40% respecto a lo que inicialmente se había establecido, descendiendo de un 0,51% de PIB a un 0,23%.

Es decir, en cuatro años el presupuesto para cooperación ha bajado un 70%. Por desgracia, y con los presupuestos generales en la mano podemos decir que la tendencia no sólo se mantiene sino que se incrementa. Concretamente, el Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo en su conjunto ha visto reducido un 10% su presupuesto con respecto al 2012. Sin embargo, mientras que el cómputo destinado a la acción exterior del Estado aumenta en casi 3 millones de euros; la cooperación al desarrollo es el sector que más se ha visto recortado, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2011 el Gobierno español ya realizó un recorte del 46,7%.

Estos datos auguran el desmantelamiento de la cooperación al desarrollo española la cual llevaba tres décadas consolidándose. Esta realidad es catastrófica para una política pública que aún no cuenta con la suficiente fuerza comparada con otros sectores. De hecho, los datos del CAD confirman nuestras peores previsiones. Con un 0,15% de la Renta Nacional Bruta destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo podemos hablar de desmantelamiento real de la cooperación.

Referencias:

ALONSO, J.A., 2003. “Coherencia de políticas y ayuda al desarrollo: el caso español”, en ALONSO, J.A. y FITZGERALD, V. (ed.), Financiación del desarrollo y coherencia en las políticas de los donantes. Madrid: Catarata e Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), pp. 235-266.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 2012. PresupuestosGenerales de Estado.

COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO ESPAÑA,  2013. Indignación ante el desmantelamiento de lapolítica de cooperación para el desarrollo.

¿Qué te piden? Una escama de dragón, un cuerno de unicornio y un posdoc*

Por Nerea Azkona

A pesar del título de la entrada de esta semana, estas letras pertenecen a la Serie Cosas del Gremio del blog, la cual está destinada a temas relacionados con la investigación.

A lo largo de mi vida varias personas me han intentado explicar con teorías muy distintas (lógicas e irracionales) la relación que existe entre el tocino y la velocidad. Bien. De la misma manera me gustaría explicar el vínculo (el cual veo claro clarísimo) que existe entre las escamas de dragón, los cuernos de unicornio y la vida laboral del personal investigador (tanto de los trabajadores remunerados como de los que estamos en el paro sin parar de producir ponencias, artículos, conferencias y seminarios sin retribución económica. Algo así como: “todo sea por el curriculum”).

Hace algunas semanas ojeé en varios periódicos dos noticias. ¿Cómo diría yo?, las definiré como impactantes.

La primera la leí un jueves y decía que Patxi López (ex lehendakari del Gobierno vasco) había sido invitado a dar una clase en una universidad. Ahí se me encendió el piloto, ese que te dice que no sigas leyendo y te quedes en el titular, porque si no vas a tener que bajar a un bar a por un cubata de ron para pasar lo que queda de día. Aún así, leí la noticia. Bueno. Era sólo una clase y fue sin cobrar. En fin. El hombre no tiene estudios universitarios, pero bueno: no hay contrato, no hay alarma.

Sin embargo, el día siguiente leí en los mismos periódicos que habían contratado a El Juli, torero español, en varias universidades para dar dos asignaturas: una de cultura taurina; y otra de técnicas de motivación para el alumnado. Me quedé anonadada.

La verdad es que esta noticia ha traído cola y muchas personas han escrito cartas, entradas y twits sobre el tema. Yo no quiero cargar ni contra El Juli ni contra sus contratadores. Al final, me da igual. Lo que quiero visibilizar es el número y la especificidad de los requisitos que se nos exigen al resto de las personas para acceder a un trabajo en una universidad tanto de docente como de investigador.

Enumero unos pocos. Más o menos los que coinciden con casi todas las áreas y temáticas: nivel de estudios de doctorado, nivel de inglés de proficiency, en el País Vasco nivel de euskera de EGA, ponencias en congresos nacionales e internacionales (pagados de tu bolsillo, obvio), artículos publicados en revistas indexadas (mejor en inglés, claro), libros, capítulos de libros, experiencia docente demostrable (que claro, muchas veces hemos dado clases de estraperlo y no tenemos certificado que lo demuestre), experiencia investigadora en proyectos europeos e internacionales (¿hola?), estar acreditado por una agencia de calidad y un postdoctorado en un país anglosajón (:O).

Vamos a ver. No sólo apenas hay ofertas de empleo en este ámbito, sino que cuando sale una piden un perfil para una persona que lleve trabajando en él al menos 15 años.

Pero claro, si eres un político o un torero pues todo resulta más fácil, ¿no? Tenemos una “diáspora investigadora” grandísima, por no llamarlo exilio de cerebros, y el grado de desesperanza dentro del gremio es desolador. Este tipo de noticias no hacen más que ratificar el hecho de que la huída a otro país es la única alternativa posible si queremos continuar con nuestras carreras, la cuales han sido truncadas antes de empezarlas. Yo, por ejemplo, me fui al paro el mismo mes que defendí mi tesis. Super lógico, vamos.

En mi caso, para cubrir todos los requisitos que se me exigen para acceder a uno de estos puestos tendría que invertir al menos dos años de mi vida en trabajar gratis publicando y yendo a congresos, además de sacándome títulos de idiomas. El tema de la experiencia docente o con proyectos europeos ya es otro cantar.

Pero, ¿quién puede hacer esto: dedicar dos años a mejorar el curriculum sin empleo? Los investigadores necesitamos también pagar las hipotecas y los alquileres y hay pocas posibilidades de reinventarnos en algún otro sector (puestos de trabajo técnicos o especializados) que no sean puestos de trabajo no cualificados. De este modo, todo el dinero que han invertido las Administraciones en nuestra formación se pierde por las cañerías del sistema, obstruidas de materia gris desperdiciada.

Creo que es más fácil que me entrene para convertirme en elfa guerrera de la Tierra Media (lo de torera no me va nada) a que me siga presentando a puestos con requisitos inalcanzables para jóvenes investigadores sin recursos.

* Gracias a Arantza por la idea del título.

La (re)apertura de viejas rutas migratorias de África hacia Europa: ¿casualidad o causalidad?

Por Nerea Azkona

Por desgracia los acontecimientos que estamos viviendo en la frontera entre África y Europa (en este caso en la del Estado español; en otros, en la del italiano) ya han sucedido antes. Parece que estamos condenados a ver repetidas las mismas imágenes cada cierto tiempo. 

Y todo es igual: las personas que intentan cruzar la frontera y sus muertes, la brutalidad policial, el sensacionalismo por parte de los medios y las declaraciones cínicas de ciertos políticos. 

Y todo sigue igual: mientras los Estados juegan al Juego de Tronos con acuerdos y tratados de oficina, hay personas que mueren.

¿Casualidad o causalidad? Estos mortíferos “Días de la Marmota” que vivimos en las fronteras españolas son causa y consecuencia de tratados, convenios y acuerdos que se toman en despachos y que sufre la ciudadanía, en este caso la africana.

Hagamos memoria. 

Hace unos años las relaciones oficiales entre el Estado español y algunos países de África Occidental se reforzó en materia de cooperación al desarrollo. Durante 2006, 2007 y 2008 se llevó a cabo el I Plan África, marco de acción, gracias a su Objetivo 3, de seis acuerdos “únicos en su especie” llamados acuerdos de nueva generación, acuerdos de segunda generación o acuerdos marco de cooperación en materia migratoria.

Estas políticas públicas y acuerdos bilaterales entre el Estado español y los países de África Occidental han sido relevantes ya que esta época coincidió con un aumento de los flujos migratorios provenientes de dicha región. Al igual que está pasando estos días, los medios de comunicación se hicieron eco de este aumento dando una imagen de avalancha que no correspondía en el aquel momento, ni corresponde actualmente con la realidad. 

A causa del tratamiento al que han sometido los medios a estas personas que querían cruzar la frontera sur del país, en 2006 se produjo la llamada “crisis de los cayucos”, que junto con las muertes que el año anterior tuvieron lugar en la frontera hispano-marroquí, fueron el motor del I Plan África.

No obstante, la llegada de embarcaciones a las Islas Canarias y su evolución, que comenzó en 1994 en Fuerteventura y se consolidó en el verano de 2006 con la citada crisis, no se debe tan sólo a causas de pobreza. Existen otros tipos de factores estratégicos que incidieron en el fenómeno.

En el año 2005 las autoridades gubernamentales españolas llegaron a un acuerdo con las marroquíes en cuestión de repatriaciones y control fronterizo, lo que produjo una reducción del número de pateras que llegaban a las costas andaluzas y un incremento en el arribo de cayucos a las Islas Canarias. A esta cooperación bilateral habría que añadir la puesta en marcha y posterior ampliación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que funciona en el Estrecho de Gibraltar.

Por estos motivos el origen de las salidas pasó de Marruecos a Mauritania, país con el que el Estado español también reactivó un acuerdo en 2005 en el que se contempló la repatriación de inmigrantes mauritanos y de otras nacionalidades que hayan hecho el tránsito por el país, así como el equipamiento técnico y formativo de las fuerzas mauritanas de control de fronteras, lo que produjo que las rutas hacia Europa descendieran más hacia el sur, convirtiendo a Senegal y Cabo Verde en dos de los principales países de salida. El Estado español negoció distintos acuerdos con estos países, entre ellos uno de nueva generación y otro de control fronterizo con Cabo Verde. Con Senegal no lo consiguió. A pesar de ello, las repatriaciones de ciudadanos senegaleses hacia su país de origen han sido de las más numerosas.

Esta ¿coincidencia? entre el aumento de los flujos migratorios afro-europeos y el incremento de los fondos de la cooperación euro-africana deja al descubierto como los sucesos que ocurren en la frontera no es una cuestión de azar o libre albedrío. Las estrategias, condicionantes y decisiones políticas tienen mucho que ver en el devenir de personas que sólo buscan una alternativa mejor, sin saber que muchas de ellas mueren en la travesía o en la llegada a causa de la acción policial. Es la importancia estratégica y no los derechos humanos lo que marca el destino de muchas actuaciones que engloban a ciertos países y, por desgracia, a sus ciudadanos y ciudadanas.

A día de hoy, la Ruta del Oeste, la de los cayucos de África Occidental hacia las Islas Canarias, está casi cerrada. Por una parte, los flujos de inmigración han ¿optado? por elegir otras rutas con ¿puntos más débiles? en el dispositivo fronterizo que ya se estaban utilizando antes de 2006, como son otros puertos de la península o las vallas de Ceuta y Melilla. Por la otra, detrás de estas cifras, se esconden los datos de los que han muerto en la travesía, que cada vez es más complicada. 

Por lo tanto, se cierra la Ruta del Oeste y el Estado español se apunta un tanto. ¡Esto no es efectividad del sistema de control de fronteras! 

Y la historia se repite y parece que se volverá a repetir hasta que dejen de tratar el tema de manera superficial dejando las responsabilidades en otros estados y se tomen medidas basadas en el respeto de los derechos humanos y no en las necesidades de estos… Y Europa, ¿dónde está?

Referencias:

CARBALLO DE LA RIVA, M., 2009. Migraciones y desarrollo: la incidencia de África subsahariana en la agenda política. Documento de Trabajo nº 13. Madrid: Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) y Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Un as bajo la manga: el beneficio económico de la reforma de la ley del aborto.

Por Angie Larenas

El Rebelde, un personaje en el libro “Las armas milagrosas” del escritor martiniqueño Aimé Césaire, decía:

Me acuerdo de un día de noviembre; no tenía seis meses [mi hijo] cuando el amo entró en la casucha fuliginosa como una luna de abril y palpó sus pequeños miembros musculosos, era un amo muy bueno, paseaba en una caricia sus dedos gruesos por la carita llena de hoyuelos. Sus ojos azules reían y su boca le decía cosas azucaradas: será una buena pieza, dijo mirándome, y decía otras cosas amables, el amo, que había que empezar temprano, que veinte años no eran demasiados para hacer un buen cristiano y un buen esclavo, buen súbdito y leal, un buen capataz, con la mirada viva y el brazo firme. Y aquel hombre especulaba sobre la cuna de mi hijo, una cuna de capataz.

El contexto es claramente la época de la esclavitud. Es, además -y aquí me gustaría detenerme-, una referencia a una forma de reducción de la humanidad: la utilización de las personas como herramientas para la obtención de beneficios económicos. 

En enero pasado hubo una noticia que me recordó a esta relación amo/a-esclavo/a de la obra de Césaire. La Cadena Ser tuvo acceso a la Memoria del impacto normativo de la reforma de la ley del aborto del Ministerio de Justicia del Estado español. En el artículo publicado subrayaban la confianza del gobierno en que el aumento de la natalidad que traerá consigo la reforma impactará positivamente sobre la economía. La Memoria habla del “impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad”.

¿Pero dónde está la similitud con el pasaje de la obra de Césaire?

Suprimir el derecho al aborto obligará a ser madres a muchas mujeres. Pero, según el gobierno, esto puede ser beneficioso para la economía, tal y como era beneficioso para el sistema esclavista suprimir la libertad de las personas y reducir su humanidad a simples objetos.

No estoy diciendo que la reforma de la ley del aborto nos traerá algún nuevo tipo de esclavitud. Estoy diciendo que vivimos en un tipo de esclavitud. Una en la que prima la ley del dinero, porque no importa el coste que puedan tener las decisiones políticas para las personas si estas se pueden justificar con un alegre “beneficio económico”.

De este modo, el impacto económico positivo de la reforma de la ley se desliza como un elemento más que la justifica. En el fondo, se trata de crear, como decía Césaire “buenas piezas”, “buenos súbditos y leales”.

La política migratoria española: Las reformas de la Ley de Extranjería

Por Nerea Azkona

En el Estado español no ha existido una política migratoria hasta fechas muy recientes. De hecho, hasta 1985 no hubo una legislación sobre los residentes extranjeros. No obstante, la Constitución Española de 1978 incluye un artículo sobre los derechos de los extranjeros (Artículo 13), así como un principio de competencias exclusivas del Estado en la gestión de la inmigración. Así, de acuerdo con el Artículo 149, todas las cuestiones relacionadas con la inmigración, el asilo, la nacionalidad, los pasaportes, las fronteras y los extranjeros quedan bajo la responsabilidad de las instituciones centrales del Estado.

Pero es a partir de la transformación del fenómeno migratorio que comienza a producirse en el Estado español a finales de los ochenta y en los años posteriores, cuando se mostró la necesidad de una Ley que se adaptara a las nuevas circunstancias de un país que dejaba de ser de emigrantes para convertirse en un país de destino de las migraciones.

La primera generación de leyes relacionadas con la inmigración incluía:

• La Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España de 1985, llamada Ley de Extranjería (vigente hasta el 1 de febrero de 2000). 
• La Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado, denominada Ley de Asilo que se aprobó en 1984 y se desarrolló legislativamente al año siguiente. 

Este primer conjunto de legislaciones en la materia representó las líneas inspiradoras que sustancialmente han seguido vigentes, haciendo un especial énfasis en el control de los flujos migratorios y en la regulación de los requisitos exigidos para la presencia de extranjeros en el territorio estatal.

En enero de 2000 se realizó una reforma de la Ley de Extranjería de 1985, que la derogó íntegramente. Esta Ley es la que está en vigor en la actualidad, pero ha sufrido tres importantes modificaciones (en el mismo año en la que fue creada, 2000; en el 2003; y en el 2009).

Así, se aprobó la nueva Ley Orgánica4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros enEspaña y su Integración Social que se convirtió en la norma que regula la estancia de los extranjeros provenientes de terceros países en el territorio español, así como los derechos y las libertades que se les reconocen. Esta reforma mostraba una clara vocación integradora que no contenía la regulación anterior.

Sin embargo, el cambio de Gobierno del PSOE al PP, a través de las Elecciones Generales del 2000, condujo a una primera reforma restrictiva de la Ley de Extranjería. De este modo, a partir de la Ley Orgánica 8/2000, el estatus legal de la irregularidad se endureció y el régimen de sanciones se hizo más severo. Se justificó esta reforma en el preámbulo de la Ley diciendo que la anterior no se ajustaba a los compromisos internacionales suscritos por el Estado en el marco de la Unión Europea, y que la anterior Ley sólo contemplaba la situación entonces actual sin tener en cuenta los años venideros.

En 2003, a causa de la vuelta del PSOE al Gobierno Central, la Ley de Extranjería fue reformada de nuevo mediante dos leyes:

• La Ley Orgánica 11/2003 que hacía referencia a una serie de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, “violencia doméstica” e integración social de los extranjeros que modificó los Artículos 57, 61 y 62 de la L.O. 4/2000
• La Ley Orgánica 14/2003, que se encuentra en relación directa con la Ley Orgánica 4/2000.

Hasta este momento el conjunto de la política de inmigración contenida en estas regulaciones puede ser resumida en torno a dos principios básicos:

• Por un parte, el principio de autorización que establece que un extranjero no puede permanecer en el territorio español sin la correspondiente autorización administrativa o legal. Del incumplimiento de este principio básico se deriva directamente la existencia de la categoría legal de irregularidad.

• Por la otra, el principio de viabilidad que implica que la autorización se otorga a aquellos extranjeros que pueden demostrar la viabilidad económica y social de su proyecto de vida en el Estado español. Esta viabilidad se acredita fundamentalmente por un ingreso estable, que puede provenir de un contrato de trabajo, del autoempleo o de la disponibilidad de recursos económicos suficientes para mantenerse.

La última modificación de la Ley de Extranjería se debe a la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, sobreDerechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, la cual incorporó tanto las Directivas Europeas sobre inmigración al derecho interno como las competencias de acogida e integración de los Estatutos de Autonomía.

Dentro de este contexto de cambios constantes del marco normativo se ha desarrollado la política de migración española. El incremento de la población extranjera y la falta de consenso político entre los partidos mayoritarios han conducido a las sucesivas modificaciones de la normativa vigente sobre inmigración, extranjería y asilo.

Estas reformas legislativas han sido justificadas por la necesidad de tener mejores herramientas para frenar la inmigración irregular. Esta filosofía ha considerado que la irregularidad es un impedimento para gestionar el fenómeno migratorio según las necesidades del mercado de trabajo español y que por tanto ha de ser combatida.

Referencia:

MULLOR, M., 2011. Inmigrantes subsaharianos. Una aproximación alas claves de la exclusión. Madrid: Asociación Círculo Africano y ONGD África Activa.