Por Nerea Azkona
El mes pasado
publicamos un post sobre la Ley deExtranjería española deteniéndonos en las numerosas modificaciones
que ha sufrido en un breve periodo de tiempo.
Como la Serie Sinergias trata sobre el vínculo entre la migración
y el desarrollo, la entrada de hoy está dedicada al sistema de cooperación
del Estado español.
No hay que
perder de vista que no fue hasta el año 1991
en el que el Estado español se incorporó al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Este hecho fue el
que le consolidó como país donante
dentro del sistema internacional de cooperación.
Seis años antes, en 1985, fue aprobada una nueva estructura
orgánica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que supuso la creación de la Secretaría de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI). Este fue el primer paso español
en relación a la cooperación.
El Real Decreto 1527/1988, de 11 de noviembre, reestructuró la SECIPI,
y creó la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), a la cual se le encomienda propiciar el
desarrollo económico y el progreso social, cultural, institucional y político
de los Países en Vías de Desarrollo y, en especial, de los de Iberoamérica, así
como favorecer el estrechamiento de los lazos de entendimiento y cooperación
entre los países desarrollados, especialmente de los integrados en las
Comunidades Europeas. La Agencia tiene personalidad
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de
gestión y funcional.
En 1996,
se reestructuró la Agencia y en 2008 pasó a denominarse de forma
oficial Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
En julio de 1998, se adoptó la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID), lo que implicó un
salto significativo en la política de cooperación que había ido adquiriendo un
peso cada vez mayor en el conjunto de la política exterior española. A
diferencia de la Ley de Extranjería, esta otra no ha sufrido cambios a lo largo del tiempo y tiene competencias cedidas a las Comunidades
Autónomas.
“La
cooperación española impulsará procesos de desarrollo que atiendan a la defensa
y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, las
necesidades de bienestar económico y social, la sostenibilidad y regeneración
del medio ambiente, en los países que tienen elevados niveles de pobreza y en
aquellos que se encuentran en transición hacia la plena consolidación de sus
instituciones democráticas y su inserción en la economía internacional”
(Artículo 1).
La
LCID otorga a la lucha contra la pobreza
el rango de objetivo último al que se debe encaminar la AOD. No obstante, como
dice Alonso: “Cualquier análisis que se realice sobre la ayuda española revela
el limitado papel que ese objetivo tiene en la orientación efectiva de sus acciones”.
Después de siete años consecutivos de incrementos,
en el 2009 la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) española experimentó su primer descenso en los desembolsos. Así pues, en 2009 se ejecutaron 283
millones menos y en 2010 la cooperación disminuyó otros 667 millones.
El sector de la cooperación al desarrollo experimentó otro
duro golpe en 2012, cuando el
presupuesto cayó un 40% respecto a lo que inicialmente se había establecido,
descendiendo de un 0,51% de PIB a un 0,23%.
Es decir, en cuatro años el presupuesto para cooperación ha bajado un 70%. Por desgracia, y
con los presupuestos generales en la mano podemos decir que la tendencia no sólo se mantiene sino que
se incrementa. Concretamente, el
Ministerio que dirige José Manuel García-Margallo en su conjunto ha visto
reducido un 10% su presupuesto con respecto al 2012. Sin embargo, mientras que
el cómputo destinado a la acción
exterior del Estado aumenta en casi 3 millones de euros; la cooperación al desarrollo es el sector
que más se ha visto recortado, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2011 el
Gobierno español ya realizó un recorte del 46,7%.
Estos datos auguran el desmantelamiento de la cooperación al
desarrollo española la cual llevaba tres décadas consolidándose. Esta
realidad es catastrófica para una política pública que aún no cuenta con la
suficiente fuerza comparada con otros sectores. De hecho, los datos del CAD
confirman nuestras peores previsiones. Con
un 0,15% de la Renta Nacional Bruta destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo
podemos hablar de desmantelamiento real de la cooperación.
Referencias:
ALONSO,
J.A., 2003. “Coherencia de políticas y ayuda al desarrollo: el caso español”, en ALONSO, J.A. y
FITZGERALD, V. (ed.), Financiación del
desarrollo y coherencia en las políticas de los donantes. Madrid: Catarata
e Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), pp. 235-266.
CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS, 2012. PresupuestosGenerales de Estado.
COORDINADORA
DE ONG PARA EL DESARROLLO ESPAÑA, 2013. Indignación ante el desmantelamiento de lapolítica de cooperación para el desarrollo.
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